Tal y como lo reveló el Gobierno Nacional, este miércoles se decretó la nueva emergencia económica para atender a los departamentos afectados por la actual ola invernal.
La decisión se conoce luego de los consejos de ministros adelantados en Montería y Córdoba, dos de las regiones más afectadas por las intensas lluvias.
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En ese espacio, el Ejecutivo aclaró que su primera opción consistía en esperar que la Corte Constitucional levantara la suspensión de la anterior emergencia económica, decisión que informaron los magistrados el pasado 29 de enero.
El segundo plan fue el que finalmente se materializó: decretar una nueva emergencia económica para recaudar alrededor de $8 billones de pesos para atender la crisis climática.
Una de las medidas que se confirman en el documento es un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, que se espera que termine por golpear a cerca de 15.000 empresas.
Qué busca el Gobierno Petro con una nueva emergencia económica
Es la tercera emergencia económica que declara y la cuarta ocasión en que invoca un estado excepcional desde que llegó a la Casa de Nariño.
Como se dijo, el objetivo es recaudar $8 billones a través de nuevos impuestos para financiar la recuperación de las zonas afectadas.
Sin embargo, la cifra abrió un frente de debate técnico y político. El propio mandatario, semanas atrás, había hablado de $16 billones en el marco de la emergencia económica del 22 de diciembre, decisión que fue suspendida provisionalmente por la Corte Constitucional mientras adelanta su revisión de fondo.
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Las cuentas del Gobierno no pasaron inadvertidas
Varios analistas las calificaron como “cuentas de servilleta”. El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo pidió mayor rigor en la estimación.
Cuestionó de dónde surge la necesidad de $8 billones y solicitó un detalle técnico que respalde el monto. A su juicio, la cifra parece desproporcionada y debería someterse a una auditoría académica externa.
En la misma línea, Mauricio Salazar Sáenz, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, advirtió que resulta prematuro fijar un monto sin sustento público detallado.
Señaló que llama la atención que el cálculo sea exactamente la mitad del recaudo que buscaba la fallida ley de financiamiento, lo que, en su criterio, obliga a explicar con precisión la metodología utilizada.
El Ejecutivo descartó, además, la propuesta de varios gobernadores de utilizar cerca de $6,5 billones de regalías que permanecen congelados. En su lugar, insiste en la vía tributaria amparada en el estado de excepción.
Balance de la emegencia invernal en Colombia
El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, explicó que los $8 billones corresponden a una estimación para la fase de recuperación, basada en antecedentes históricos y en la evaluación preliminar de daños.
Aseguró que la fase de atención inmediata, es decir, asistencia humanitaria, alojamientos temporales y rescates, ya está financiada con recursos de la vigencia 2026 por $190.000 millones.
La reconstrucción, no obstante, es el verdadero desafío presupuestal. Según la UNGRD, se deberán reconstruir cerca de 4.000 viviendas y 200 colegios, además de intervenir vías y sistemas de acueducto.
Tras una sesión de casi nueve horas, el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo recomendó al Presidente declarar la emergencia económica para asegurar recursos suficientes.
Desde el Ministerio de Agricultura se han estimado costos cercanos a $700.000 millones solo para el sector rural.
El censo preliminar reporta 27.075 predios afectados, más de 546.000 bovinos y bufalinos impactados, de los cuales 3.166 murieron, y 30.113 hectáreas de cultivos dañadas, entre plátano, arroz, maíz, algodón, yuca, patilla, hortalizas y cacao.
Solo en drenaje de suelos se proyectan $139.590 millones y otros $81.000 millones para la recuperación de cultivos.
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