La participación de colombianos en la guerra de Sudán salió a la luz en noviembre de 2024, cuando comenzaron a circular videos grabados en Darfur del Norte.
En las imágenes, integrantes de una coalición armada aliada del Ejército sudanés revisaban un convoy que había ingresado desde Libia y encontraban documentos pertenecientes a ciudadanos colombianos, como pasaportes y licencias de conducción. Mientras mostraba los papeles frente a la cámara, uno de los combatientes aseguró: “Capturamos mercenarios (...) mira, ni uno solo de ellos es sudanés”.
Un informe de Human Rights Watch (HRW) pidió al Gobierno colombiano investigar el reclutamiento de ciudadanos del país que habrían sido contratados como mercenarios para participar en el conflicto armado africano, así como reforzar las medidas para impedir que exmilitares terminen vinculados a estas redes.
El documento, titulado De Bogotá a El Fasher, señala que ciudadanos colombianos habrían sido reclutados para apoyar operaciones de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), uno de los principales actores de la guerra en Sudán, acusado de cometer crímenes de guerra y otras violaciones graves de derechos humanos en Darfur.
Durante años, las RSF ejecutaron asesinatos y ataques contra civiles y personas heridas o desarmadas que intentaban escapar. Según el informe, integrantes del grupo se ocultaron en una trinchera para emboscar a quienes cruzaban la zona. “Nos encontramos con un grupo de las RSF y nos detuvieron”, relató Amal, una mujer de 29 años.
“Teníamos... familias con personas con necesidades especiales, como sordos, y niños [con síndrome de Down]... Un miembro de las RSF llamó a otro y le dijo: “¡Ven a ver a este loco!” y finalmente los mataron... Y después de matarlos, arrestaron a algunas de las mujeres... Y dijeron: “Maten a los ambayat (esclavos)”, añadió la mujer en conversación con HRW.
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Según Amal, aparte de sudaneses, había hombres árabes, pero también algunos más pequeños con diferentes uniformes. HRW estableció que se trata de hombres colombianos, que para 2024 ya eran 300. Algunos en contra de su voluntad.
El informe también menciona las consecuencias que enfrentan quienes llegan a Sudán. En medio del conflicto, algunos colombianos habrían sido capturados, otros habrían muerto y varios terminaron involucrados en combates externos.
Pero, ¿cómo llegaron allí? HRW identificó el origen del reclutamiento en una empresa privada colombiana llamada A4SI. Todo se da de la mano con otra agencia, pero de Emiratos Árabes, llamada Global Security Service Group, o GSSG.
Así funciona el reclutamiento por parte de A4SI y GSSG
Aunque el reclutamiento de los colombianos habría sido manejado por empresas privadas, el informe señala que varios de los contratistas pasaron por instalaciones militares de Emiratos Árabes Unidos antes de llegar a Sudán.
Human Rights Watch identificó, a partir de videos y testimonios, que algunos hicieron escala en bases ubicadas en Ghiyathi y Al Wathba, en Abu Dabi.
Uno de los hombres entrevistados aseguró que incluso recibió entrenamiento por parte de ciudadanos emiratíes en una de esas instalaciones. Otros relataron que viajaron en vuelos privados y que, al llegar a Emiratos, evitaron los controles migratorios tradicionales.
“No nos sellaron los pasaportes (...) había un autobús esperándonos para llevarnos a una base militar”, contó uno de ellos.
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Desde allí, los contratistas continuaron el trayecto hacia Sudán a través de distintas rutas aéreas y terrestres que incluyeron escalas en Libia, Somalia y Chad.
Según el informe, se trató de una red de transporte compleja que utilizó empresas privadas y vuelos especiales para movilizar a los combatientes hasta zonas controladas por las Fuerzas de Apoyo Rápido en Darfur.
Aunque HRW no lo menciona, una investigación de La Silla Vacía de 2024 estableció que detrás de A4SI estaría el coronel retirado del Ejército Álvaro Quijano y su esposa Claudia Viviana Oliveros.
De hecho, en aquel año, el mayor retirado Omar Antonio Rodríguez Bedoya (cofundador de A4SI) habló con el medio mencionado para denunciar el envío de colombianos a África, una práctica que reconoció como ilegal.
“Si logran llevar los 1.500 hombres que se proponen a Sudán, eso podría representarles en un año 32 mil millones de pesos. Entonces los escrúpulos no están. Por eso se metieron en esta vaca loca”, le dijo Rodríguez a La Silla Vacía.
Las recomendaciones y peticiones de Human Rights Watch para Colombia
El informe plantea que muchos exintegrantes de la Fuerza Pública colombiana terminan siendo vulnerables a este tipo de ofertas debido a dificultades económicas y falta de oportunidades laborales tras su retiro.
Human Rights Watch pidió “garantizar que los militares en servicio tengan acceso a capacitación técnica y profesional antes del retiro” y que después reciban apoyo en empleo, salud mental, educación y acceso a crédito.
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En ese orden de ideas, HRW también le pidió al Gobierno sudanés facilitar la repatriación de ciudadanos colombianos detenidos o fallecidos durante la guerra.
El documento señala que cualquier colombiano capturado debería ser enviado de regreso al país “donde deberá ser investigado y, de ser el caso, procesado por complicidad en crímenes internacionales”.
La organización también solicitó que se permita la repatriación de restos mortales y pertenencias personales de contratistas militares privados muertos en combate, siempre que sus familias así lo soliciten.
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