La financiación de la consulta del Pacto Histórico que llevó a Iván Cepeda a convertirse en candidato presidencial está siendo revisada por la Fiscalía. La investigación busca establecer si los recursos y gastos reportados ante el Consejo Nacional Electoral corresponden realmente a quienes aparecen registrados.
En este caso, además de revisar los movimientos financieros de las campañas de Cepeda y Carolina Corcho, la Fiscalía está indagando quiénes fueron realmente los financiadores de algunos bienes y servicios reportados ante la autoridad electoral.
La investigación se conoce después de que agentes de la Dijín realizaron una inspección judicial en la noche del martes 15 de septiembre en la antigua sede del Polo Democrático Alternativo, en Bogotá, actualmente utilizada por el Pacto Histórico. Los investigadores recopilaron documentos, cuentas, soportes financieros y contables relacionados con la consulta de octubre de 2025.
De acuerdo con información conocida por EL COLOMBIANO, el ente investigador puso la lupa sobre dos empresas que aparecen relacionadas con los gastos reportados por las campañas de Cepeda y Corcho.
En el caso de la exministra de Salud, el proceso se concentra en el restaurante Chefcito S.A.S. La Fiscalía busca establecer si quien figura como representante legal fue realmente quien financió los bienes y servicios que aparecen registrados ante el CNE a nombre de esa empresa. Semanas atrás, la congresista Catherine Juvinao había denunciado supuestas irregularidades. Entre ellas, aseguró que no encontró evidencia física de que el restaurante funcionara en la dirección registrada, pese a que aparece vinculado a un préstamo de $742 millones a la campaña.
“La dirección, según reporta la Cámara de Comercio, dice que es la carrera 77 I con calle 69 B, número 72. Pero aquí está la 69 B con 62, luego la 69 B con 66 y después la 69 B con 76. No existe la 69 B con 72”, afirmó Juvinao.
Cuestionó, además, los ingresos económicos del local de comidas. “Lo último que reportó este restaurante, que nos imaginamos es un restaurante pequeño, porque así consta en su registro mercantil, fueron activos en el año 2020 por un millón 720 mil pesos. Eso fue lo último que reportó. En los últimos años, no ha registrado ingresos, no ha registrado nada”, agregó.
Una situación similar se presenta en la campaña de Iván Cepeda, en la que figura la empresa Samat Publicidad, representada legalmente por Javier Antonio Pérez Páez. En este caso, la Fiscalía busca establecer si la compañía y su representante fueron efectivamente quienes aportaron los bienes y servicios reportados o si detrás de esos recursos estuvieron otras personas.
Llama la atención que el señor Pérez Páez, un empresario barranquillero asegura que nunca hizo una donación superior a $700 millones a la campaña, pese a que ese movimiento aparece registrado en el sistema Cuentas Claras del CNE.
Según su versión, lo que existió fue una relación comercial para prestar servicios de publicidad e impresión durante la campaña.
El empresario aparece como aportante de $116 millones, como persona natural, superando el límite establecido para los aportes individuales.
Y otros $609 millones desde Samat Publicidad SAS. Al respecto, la legislación electoral establece restricciones para que las personas jurídicas realicen aportes a campañas presidenciales.
Por ahora, el caso se encuentra en una etapa de indagación. La Fiscalía deberá determinar si existen razones para avanzar hacia una investigación formal o, por el contrario, archivar el caso si no encuentra suficientes elementos que permitan establecer la comisión de un delito.
La financiación de la consulta del Pacto Histórico que llevó a Iván Cepeda a convertirse en candidato presidencial está siendo revisada por la Fiscalía. La investigación busca establecer si los recursos y gastos reportados ante el Consejo Nacional Electoral corresponden realmente a quienes aparecen registrados.
En este caso, además de revisar los movimientos financieros de las campañas de Cepeda y Carolina Corcho, la Fiscalía está indagando quiénes fueron realmente los financiadores de algunos bienes y servicios reportados ante la autoridad electoral.
La investigación se conoce después de que agentes de la Dijín realizaron una inspección judicial en la noche del martes 15 de septiembre en la antigua sede del Polo Democrático Alternativo, en Bogotá, actualmente utilizada por el Pacto Histórico. Los investigadores recopilaron documentos, cuentas, soportes financieros y contables relacionados con la consulta de octubre de 2025.
De acuerdo con información conocida por EL COLOMBIANO, el ente investigador puso la lupa sobre dos empresas que aparecen relacionadas con los gastos reportados por las campañas de Cepeda y Corcho.
En el caso de la exministra de Salud, el proceso se concentra en el restaurante Chefcito S.A.S. La Fiscalía busca establecer si quien figura como representante legal fue realmente quien financió los bienes y servicios que aparecen registrados ante el CNE a nombre de esa empresa.
Semanas atrás, la congresista Catherine Juvinao había denunciado supuestas irregularidades. Entre ellas, aseguró que no encontró evidencia física de que el restaurante funcionara en la dirección registrada, pese a que aparece vinculado a un préstamo de $742 millones a la campaña.
“La dirección, según reporta la Cámara de Comercio, dice que es la carrera 77 I con calle 69 B, número 72. Pero aquí está la 69 B con 62, luego la 69 B con 66 y después la 69 B con 76. No existe la 69 B con 72”, afirmó Juvinao.
Cuestionó, además, los ingresos económicos del local de comidas. “Lo último que reportó este restaurante, que nos imaginamos es un restaurante pequeño, porque así consta en su registro mercantil, fueron activos en el año 2020 por un millón 720 mil pesos. Eso fue lo último que reportó. En los últimos años, no ha registrado ingresos, no ha registrado nada”, agregó.
Una situación similar se presenta en la campaña de Iván Cepeda, en la que figura la empresa Samat Publicidad, representada legalmente por Javier Antonio Pérez Páez. En este caso, la Fiscalía busca establecer si la compañía y su representante fueron efectivamente quienes aportaron los bienes y servicios reportados o si detrás de esos recursos estuvieron otras personas.
Llama la atención que el señor Pérez Páez, un empresario barranquillero asegura que nunca hizo una donación superior a $700 millones a la campaña, pese a que ese movimiento aparece registrado en el sistema Cuentas Claras del CNE.
Según su versión, lo que existió fue una relación comercial para prestar servicios de publicidad e impresión durante la campaña.
El empresario aparece como aportante de $116 millones, como persona natural, superando el límite establecido para los aportes individuales.
Y otros $609 millones desde Samat Publicidad SAS. Al respecto, la legislación electoral establece restricciones para que las personas jurídicas realicen aportes a campañas presidenciales.
Por ahora, el caso se encuentra en una etapa de indagación. La Fiscalía deberá determinar si existen razones para avanzar hacia una investigación formal o, por el contrario, archivar el caso si no encuentra suficientes elementos que permitan establecer la comisión de un delito.
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BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
- ¿Qué está investigando la Fiscalía sobre la financiación de la consulta del Pacto Histórico?
- La Fiscalía busca establecer si los recursos y gastos reportados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) corresponden realmente a las personas y empresas que aparecen como financiadores, así como quiénes financiaron efectivamente algunos bienes y servicios de las campañas de Iván Cepeda y Carolina Corcho.
- ¿Qué documentos buscó la Dijín en la sede del Pacto Histórico?
- Los agentes de la Dijín recopilaron documentos, cuentas, soportes financieros y contables relacionados con la consulta presidencial del Pacto Histórico de octubre de 2025 durante una inspección judicial realizada el 15 de septiembre en Bogotá.
- ¿Qué empresa de la campaña de Carolina Corcho está bajo la lupa de la Fiscalía?
- La Fiscalía está revisando a Chefcito S.A.S., empresa que aparece relacionada con gastos reportados por la campaña de Carolina Corcho. El objetivo es determinar si su representante legal fue realmente quien financió los bienes y servicios registrados ante el CNE a nombre de esa compañía.
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