“Los señores que hicieron la fiestica, salen de la cárcel, entran es a otra, trasladados. Salen de Itagüí, se acabó el tema”. Con esta frase, el presidente Gustavo Petro había anunciado el pasado 13 de abril que se trasladaban a los voceros de las bandas criminales del Valle de Aburrá que participaron de la parranda vallenata cinco días antes en la cárcel La Paz, de Itagüí. Después de 40 días de estos festejos, solo se ha dado un traslado y las medidas contra los cabecillas han sido muy pocas. ¿La llamada paz urbana los protege?
De los 17 traslados que se debían efectuar a penitenciarías del país, solo una se materializó y sería la de Paulo Andrés Torres Flórez, alias Pocho, uno de los cabecillas de la banda La Agonía, de la comuna 13 (San Javier). Fue llevado el pasado 9 de mayo a la Cárcel de Palogordo, en Girón, Santander.
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, expresó sobre este traslado que “por solicitud de la Consejería Comisionada de Paz al Inpec, se trasladó desde la Cárcel y Penitenciaría La Paz, con sede en Itagüí, al establecimiento carcelario de Girón, a Paulo Andrés Torres Flórez, por su presunta participación en los hechos del pasado 8 de abril”.
Líos con las cámaras
Acto seguido anunció que para evitar que hechos similares se presentaran dentro de esta penitenciaría, se instalaron 36 cámaras de última tecnología, con capacidades de inteligencia artificial e infrarrojo para el monitoreo en tiempo real.
Y precisamente en este punto es donde radicaría una de las principales razones por las cuales no se han presentado traslados de los cabecillas a otras penitenciarías.
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Todo porque el día que ocurrió la parranda vallenata, en la que tuvo como principal estrella a Nelson Velásquez, y a la que asistieron cerca de 150 personas, no había cámaras de seguridad del penal funcionando, por lo que no hubo forma de reconocer a quienes participaron de la fiesta.
De hecho, José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, de inmediato salió al paso diciendo que no tuvo nada que ver con esta fiesta y se escudó en los problemas respiratorios que padece.
“No contraté, pagué ni me reuní con el cantante Nelson Velásque, quien ingresó a otro patio diferente al mío, que es el tres de máxima seguridad. En la visita de mis familiares no hubo ingesta de licor porque esto pone en riesgo mi vida y mi salud”, dijo.
¿Por qué alias Pocho?
La decisión de que trasladaran a alias Pocho a Girón y no se tomaran medidas con los demás, dejaría un mensaje muy peligroso dentro del proceso de la mesa de paz, puesto que todo a los demás integrantes no los afectarían.
El concejal de Medellín, Andrés Felipe Tobón, expresó que “según la declaración del ministro de Justicia, ese va a ser el único traslado. El ministerio está culpando a Pocho de ser el responsable, casi que único, de la parranda vallenata de de Itagüí, como si los demás cabecilla no tuvieran nada que ver”.
La decisión se tomó porque el presunto organizador de esta celebración sería alias Pocho, por lo que toda la responsabilidad de estos actos habría recaído sobre él. Se dijo que se hizo para celebrarle su cumpleaños 34, teniendo en cuenta que él nació el 10 de abril de 1987.
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Pero las primeras investigaciones señalarían que el motivo de la parranda vallenata se había organizado para festejar que Sebastián Murillo Echeverry, alias Lindolfo, iba a recobrar la libertad argumentando que había cumplir el tiempo que debía pasar tras las rejas, que son las tres quintas partes de la pena, sumado a la redención por trabajos y demás actividades.
Alias Lindolfo, uno de los cabecillas de la banda Caicedo, está purgando una condena de 18 años y medio, pero antes de la parranda vallenata había solicitado un recurso para que le dieran la libertad condicional, como ha ocurrido con otros integrantes de la mesa.
Sin embargo, el pasado miércoles se conoció que la solicitud de libertad de Murillo Echeverry había sido denegada por el juez, por lo que le tocó apelar la determinación, mientras permanece en la penitenciaría del sur del Valle de Aburrá.
¿Les quitaron comodidades?
Aunque no ha habido traslados, el ministro Cuervo aseguró que se hicieron todos los procedimientos necesarios para que todos los reclusos, principalmente los que dialogan en la mesa de la paz urbana, no tengan comodidades como las que les encontraron en el operativo realizado el pasado 11 de abril.
“El Gobierno nacional rechazó desde el primer momento lo ocurrido e instruyó al INPEC y a las autoridades competentes a adoptar medidas inmediatas para garantizar el orden y la disciplina al interior del establecimiento penitenciario”, expresó.
Cabe recordar que en ese procedimiento sorpresa, tras esta parranda vallenata, se hizo una requisa a las celdas de los negociadores y se encontraron comodidades que distan de un espacio de resocialización como una prisión.
En las celdas encontraron celulares, módem WiFi, neveras, freidoras de aire, televisores, hornos para hacer reuniones, elementos de cocina, videojuegos y hasta aires acondicionados. Por esta razón, incluso, desde la Alcaldía de Medellín bautizaron a este espacio como la cárcel-hotel de Itagüí.
Tras este escándalo, no ha habido novedades en los diálogos que buscaban la paz en el Valle de Aburrá, los cuales quedaron suspendidos, pero los implicados tampoco han recibido un merecido que prometieron con bombos y platillos desde la presidencia.
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