Mientras aún el Ministerio de Hacienda no ha revelado el cronograma para continuar con la privatización de Isagén, la Red Justicia Tributaria radicó ante el Consejo de Estado una acción de tutela, como otro intento por frenar la venta de la generadora en que la Nación tiene el 57,61 por ciento de propiedad.
En la acción jurídica, conocida por este diario, Enrique Alfredo Daza Gamba alega que se respeten los derechos constitucionales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.
Él considera que estas garantías constitucionales fueron vulneradas por el fallo de la Sala Cuarta del Consejo de Estado que levantó el pasado 21 de mayo las medidas cautelares que frenaron temporalmente desde el 28 de marzo la venta, acción de urgencia también pedida por la Red de Justicia Tributaria.
"La sala se pronunció de fondo sobre las pretensiones del accionante (...) cuando no era el momento procesal oportuno para surtir dicho trámite, lo que constituye un prejuzgamiento", señala Daza en su alegato. Asimismo, pretende que se suspenda transitoriamente el decreto 1609 de 2013 que dio vida a la privatización.
El recurso cuenta con el apoyo del sindicato de Isagén, cuyo presidente, Óscar Vallejo Giraldo, indicó ayer que la venta "atenta contra la seguridad energética y la soberanía del país", al anunciar la nueva página web de oposición isagennosevende.org
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