Los últimos estudios sobre consumo de drogas en Colombia nos deberían causar vergüenza como sociedad, porque las cifras confirman el "fracaso", no sólo de las políticas públicas de prevención y atención a los adictos, sino del modelo de familia en la que están creciendo nuestros jóvenes.
No sólo estamos perdiendo la "guerra contra las drogas", sino también el foco del problema, que se sigue moviendo de forma pendular entre la despenalización y la legalización.
Mientras tanto, el país asiste a una tragedia de incalculables consecuencias para el futuro.
Tres de cada 10 estudiantes universitarios, que se supone tienen criterios y juicios más razonables que el promedio de los jóvenes de su misma edad desescolarizados, aseguran haber consumido drogas ilícitas en el último año, a la luz de un informe realizado por la Comunidad Andina de Naciones, en el que Colombia ocupa los primeros lugares en la lista de consumo de sustancias alucinógenas y de laboratorio.
No hemos pasado el trago amargo que significa saber que el consumo de drogas entre alumnos de octavo a undécimo grado escolar se ha duplicado entre 2004 y 2011.
Nos asusta comprobar que la edad de inicio en el oscuro mundo de las drogas pasó de 16 años a 9 en la última década, y que las mujeres avanzan peligrosamente a equiparar a los hombres respecto del consumo de licor y cocaína, según el informe 2011-2012 del Ministerio de Justicia.
Si esas cifras son tan desalentadoras en sectores tan estratégicos para la sociedad como son escuelas y universidades, ¿qué está pasando en amplias franjas de población sin posibilidades de estudio o de trabajo digno?
No quisiéramos posar de adivinos, pero seguramente el tema de las drogas es mucho más grave de lo que pensamos y su solución está lejos de parecerse a los debates que piden su despenalización o legalización.
Las estadísticas son tozudas y aguantan cualquier análisis sobre el dañino efecto que la despenalización de la llamada dosis mínima produjo entre los colombianos. El consumo se disparó, el microtráfico se convirtió en gasolina del conflicto armado y la incidencia de las drogas en el aumento de los homicidios no admite discusión.
Casi el 60 por ciento de las muertes violentas que se producen en Colombia tiene como común denominador a personas que actuaron bajo influencia de alucinógenos. La droga nos está matando de distintas formas y, lo peor, seguirá haciéndolo en tanto tratemos de desviar la solución.
Hemos insistido, y hoy lo volvemos a hacer, en que a la política criminal contra las drogas le sobra represión y le falta prevención y, sobre todo, sentido común.
El tratamiento contra la adicción debe ser integral y abordado desde todos los ámbitos. Desde la normatividad penal hasta los tratamientos preventivos y terapéuticos que posibiliten una atención integral a los afectados.
Cualquier esfuerzo en la lucha contra el narcotráfico y su cadena de delitos conexos será insuficiente e ineficaz si no se desactivan los fenómenos sociales que los alientan.
Y sin duda, uno de ellos pasa por la deficiente educación que reciben nuestros jóvenes y la descomposición social que tiene en jaque nuestro núcleo familiar.
Así las cosas, aunque las cifras nos "alucinan", el drama creciente sobre el consumo de drogas en Colombia nos debe obligar a asumirlo con sobriedad y no al calor de la ocasión.
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