Una de las modalidades más brutales y aberrantes de violencia contra cualquier ser humano está ocurriendo en Colombia: arrojar ácido al rostro de mujeres y hombres (incluyendo niños), que sufren gravísimas lesiones, con secuelas físicas y emocionales casi siempre irreparables.
Según Medicina Legal, hay reportes de ataques de este tipo por lo menos desde 2004. En febrero del año pasado, advertía el director nacional de esta entidad que "los ataques con ácido se están masificando", e informaba que la mayoría de los casos se presentan en personas entre los 20 y los 24 años, con ocurrencia principalmente en Bogotá, Antioquia y Cundinamarca.
La recurrencia de este delito que denota un salvajismo sin atenuantes en quien lo comete, llevó a que el Congreso expidiera la Ley 1639 del 2 de julio de 2013, "por medio de la cual se fortalecen las medidas de protección a las víctimas de crímenes con ácido" y se aumentan las penas del tipo penal de deformidad. Cuando esta sea causada con ácidos, álcalis o sustancias corrosivas, la pena de prisión para quien sea el autor de la agresión será de entre 72 y 126 meses. Y si la deformidad afecta el rostro de la víctima, la pena se aumentará desde una tercera parte a la mitad.
Ante la facilidad para conseguir este tipo de sustancias, la ley establece un control, a cargo del Invima, para su comercialización y venta. No obstante, deja la definición de las sanciones a la reglamentación posterior, que debería haberse hecho en los seis meses siguientes, sin que se sepa si esto se cumplió o no.
Igualmente, no hay información sobre la reglamentación que, también en el plazo específico de seis meses, debería haber hecho el Gobierno sobre la "Ruta de atención integral", no atribuida por la ley a ninguna autoridad específica, pero que es la que tiene que orientar y asistir a las víctimas de lesiones con ácido.
Lo que sí no está sujeto a reglamentación posterior, y por lo tanto es exigible directamente (aunque, por otra omisión del legislador, no determinan autoridad responsable) es el mandato según el cual "cuando las lesiones personales sean causadas por el uso de cualquier tipo de ácidos o sustancia similar o corrosiva que generen daño o destrucción al entrar en contacto con el tejido humano y generen algún tipo de deformidad o disfuncionalidad, los servicios, tratamientos médicos y psicológicos, procedimientos e intervenciones necesarias para restituir la fisonomía y funcionalidad de las zonas afectadas, no tendrán costo alguno y serán a cargo del Estado".
¿Se está cumpliendo esto? ¿Qué autoridad del Estado ha asumido la responsabilidad que ordena esta ley? ¿Asumen las EPS la atención médica y le facturan al Estado, o supeditan la atención a otras condiciones?
Estamos ante el eterno divorcio entre los derechos y garantías establecidos nominalmente en las leyes, y la falta de cumplimiento de las mismas por parte de las autoridades.
¿Sirve aumentar las penas si los funcionarios judiciales no tramitan con mínima efectividad las diligencias que lleven a los autores a la cárcel? Rotundamente, no.
La ley escrita podrá ser mostrada por el Gobierno, por los congresistas que la impulsaron, por quienes creen que la sola expedición de la norma modifica la dolorosa realidad social. Pero la Fiscalía y los jueces, además de la Policía en la etapa más inmediata a la agresión, tienen que garantizar una actividad y una diligencia que hagan ver a la sociedad (y principalmente a quienes tengan protervas intenciones de incurrir en semejante crimen) que hay una eficaz persecución y castigo penal. Únicamente esa eficacia disuade a los delincuentes que, por las razones que sean, todas inhumanas y salvajes, creen que desfigurando a otras personas y truncando sus proyectos de vida, logran objetivos inconfesables.
Cuánto dolor hay en este país. Cuánta criminalidad feroz contra nuestros semejantes, cuánta intencionalidad para dañar, para herir, para apagar vidas. Cada mujer, cada hombre víctima de ataques con ácido es una agresión directa al rostro de una nación que no siempre ofrece una cara amable.
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