El abogado Jaime Lombana, que defiende los intereses de Rodrigo Jaramillo Correa, expresidente de la comisionista Interbolsa, dijo que su cliente podría aceptar algunos de los cargos que la Fiscalía pretende imputarle por la crisis del grupo financiero.
"Nuestra defensa ha enlistado una serie de aceptación de cargos en algunas conductas", dijo el abogado y explicó que la decisión se toma debido a una colaboración que se ha venido organizando con la Fiscalía General.
Así las cosas, los delitos por los cuales se allanará Jaramillo se conocerán en el transcurso de la audiencia de imputación de cargos, que debía realizarse ayer, pero que fue aplazada nuevamente.
Jaramillo es una de las nueve personas, de las 17 implicadas, a las cuales la Fiscalía les imputará los delitos de concierto para delinquir, abuso de confianza, administración desleal y manipulación de acciones, y solicitará la medida de aseguramiento por el descalabro financiero. Los demás, según la Juez 64 de Control de Garantías, serán imputados en otra audiencia, debido a que no comparecieron ante el complejo de Paloquemao en Bogotá.
Nuevo aplazamiento
La audiencia fue aplazada por segunda vez porque la firma Interbolsa Holding S.A. buscó ser reconocida de nuevo como víctima.
Durante la petición, la jueza explicó que no era posible permitirlo, debido a que esa solicitud ya había sido negada en segunda instancia por la Jueza 21 con función de conocimiento. En su momento, la jueza de segunda instancia argumentó en su decisión que la petición de la comisionista "en ningún momento representa acciones dilatorias, sino que la jurisprudencia vigente no permite que los liquidadores sean representados como víctimas, debido a que este no es el rol que cumplen".
Eso hizo que la jueza de garantías expresara que "tienen derecho a acreditarse siempre y cuando el poder sea presentado individualmente y no en conjunto con la liquidadora. Fueron los mismos documentos que se presentaron en la oportunidad pasada".
Ante este hecho, los representantes de la comisionista apelaron la solicitud alegando que existen nuevas pruebas que permiten inferir que los miembros de Holding S.A. sí resultaron afectados.
La fiscal especializada Alexandra Ladino Pinzón hizo un llamado al Juzgado para agilizar el proceso, puesto que no se ha podido dar inicio a la imputación de cargos y pidió no tener en cuenta la solicitud de la Holding S.A. Sin embargo, sí fueron aceptadas como víctimas la Sociedad Administradora de Inversión (SAI), que maneja la Cartera Colectiva Crédito, en la que aparecen unos 4.150 afectados que habrían perdido unos 78.000 millones de pesos en la operación Clínica de La Candelaria.
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