La relación entre sindicatos, empresarios y gobierno en Colombia no ha sido precisamente idílica. Viene precedida de una carga de violencia generalizada que afectó el grueso de la población y no sólo a los sindicatos. Recordemos que en 2001 se presentaron cerca de 30.000 muertes violentas y casi 3.000 secuestros. En los siguientes años se disminuyó significativamente esta cifra, pasando en 2009 a 16.000 fallecidos violentamente y a 213 secuestros.
Sin embargo, el sindicalismo colombiano, a lo largo de varios años, ha vendido la idea de que Colombia es el país más peligroso del mundo para el desarrollo sindical. Y aunque a finales de la década pasada las cifras eran escalofriantes y ascendentes (206 militantes asesinados en 2002), la cifra se ha ido reduciendo. Por ejemplo, en 2009 fueron 28 muertes violentas de personas vinculadas al movimiento sindical. Un número todavía elevado y considerable para cantar victoria, pero bastante distante de los 206 que teníamos hace ocho años. (Una reducción del 87%).
Mientras que en Colombia algunos sindicalistas no reconocen el avance, en la OIT (Organización Internacional del Trabajo), organismo al cual tuve el privilegio de acudir en los últimos ocho años como Ministro de Protección Social, la percepción sobre el esfuerzo estatal, sindical y empresarial sí ha ido evolucionando favorablemente. En 2000, uno de los comités de la OIT deploró y llamó la atención, de una manera enérgica, por los actos de violencia contra los sindicalistas. En 2002 estuvimos a punto de ser sancionados con una Comisión de Encuesta, considerada como una de las mayores sanciones que puede imponer la OIT y que podría tener implicaciones comerciales importantes. En 2006, la OIT comenzó a reconocer los esfuerzos que se realizan en desarrollo de un acuerdo tripartito que empresarios, trabajadores y gobierno firmaron en Ginebra. Entre 2009 y 2010, la OIT resaltó las medidas de carácter práctico y legislativo que el gobierno ha venido adoptando.
A pesar de todo, persiste una sensación de incomprensión entre empresarios y sindicalistas que crea un "supuesto" clima antisindical endémico, desconociendo los avances que se han dado. Esto les permite hacer una manipulación política por parte de algunos sindicalistas, impulsada por personas que tienen un cómodo " modus vivendi " en el exterior, financiados por entidades cuyo objetivo parece ser hablar mal del país.
Quizás el único punto en común en todo este conjunto de desavenencias, es el reconocimiento que todas las partes tienen al aceptar que el sindicalismo es una columna fundamental de la democracia. En otras palabras, que para la construcción de una democracia fuerte hace falta un sindicalismo deliberante, democrático y constructivo.
Un sindicalismo que ejerza su legítimo papel como contrapeso y representante de la clase obrera, que participe activamente en los procesos de cambio, que viva una transformación interactiva con la consiguiente evolución de estrategias sindicales y que no se aferre a recursos ideologizados. De lo que se trata, en definitiva, es de alcanzar una democracia fuerte a través de un sindicalismo democrático. Para ello, los sindicatos deben hacer una auténtica revolución en el interior de sus estructuras. Algunos de ellos están dispuestos. Ojalá los dejen.
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