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REFORMA A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y REELECCIÓN

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09 de noviembre de 2013
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Pilar de un Estado de Derecho Social y Democrático es la división de los poderes; ello asegura la presencia de una administración de justicia imparcial e independiente que sirva de contrapeso al ejercicio de las demás ramas del poder público. Sin embargo, como en Colombia ese modelo de organización social se encuentra en construcción y es evidente el desbarajuste institucional, dicho órgano del poder público sale muy mal librado según los analistas.

Igual se observa en los últimos gobiernos: el expresidente Uribe acabó con el Ministerio de Justicia y, cuando pudo, se tomó atribuciones de juez (mandó capturar a un servidor público en un consejo comunal en Buenaventura en octubre de 2006 y, en plan de discutir sus competencias, se trenzó en un enfrentamiento inusual con la Corte Suprema).

El presidente Santos, que "revivió" el Ministerio de Justicia, jalonó como bandera política una reforma de papel que fue "conciliada" -¡hermoso eufemismo…- con altos dignatarios judiciales, políticos y legisladores (que con ella obtenían inconcebibles gabelas).

Cuando el Proyecto de acto legislativo hacía su último tránsito por el Congreso, a mediados de 2012, estalló el escándalo y se conocieron las crudas negociaciones e irregularidades en su proceso de formación. Ni corto ni perezoso, el Presidente desautorizó la gestión de su ministro de Justicia y del Derecho, quien tuvo que renunciar, y a pesar de que el acto legislativo había entrado en vigencia, cual Solón en Atenas, no lo sancionó, lo objetó y convocó al Congreso a sesiones extras.

Los dóciles legisladores acataron la orden y dispusieron "dejar sin efecto" el acto legislativo. Un golpe de mano a la Constitución aún no investigado y que, en un verdadero estado de derecho, habría originado un gran debate nacional seguido de la intervención judicial para develar las posibles y gravísimas transgresiones a la ley penal cometidas. ¡Que sepamos casi nadie dijo nada; era orden presidencial…

Incluso, un asesor del Presidente, el exmagistrado Cepeda Espinosa -vocero de ese "nuevo Derecho" que despedazó la Carta Fundamental del 91-, en columna del 26 de junio 2012 en "El Tiempo" defendió la "constitucionalidad" de tamaño exabrupto, pese a que como ponente de la sentencia C-178 de 2007 dijo que los actos legislativos no se objetan ni se sancionan; es más, mediante sentencia C-474 de 2013 la propia Corte Constitucional se inhibió de conocer de una demanda contra el acto legislativo y, de paso, sin ningún debate, pese a sus propios precedentes, bendijo tamaño despropósito.

Ahora, como si no tuviésemos memoria y Colombia fuese una floreciente democracia comandada por hombres probos y respetuosos de la Ley, el primer mandatario (ad portas de la "cumbre" con Obama) vuelve a convocar a todos los interesados,?algunos de viaje a los Estados Unidos, para confeccionar una nueva propuesta de reforma.

En apariencia los detonantes son los últimos escándalos de corrupción judicial. Sin embargo, la explicación es otra: el debate electoral comenzó y el uribismo picó en punta con candidato presidencial a bordo (¡este sí un hombre leal…); la imagen del Presidente es pésima y la reelección peligra. Como buen ajedrecista, el primer mandatario sabe que la reforma a la Justicia,?asunto que a nadie parece interesar de verdad, es un botín electoral para aprovechar y, de paso, mostrar inexistentes transparencia y voluntad de cambio.

Por supuesto, si se quiere realmente transformar a la justicia hay que atacar los males estructurales que la afectan: improvisación, burocracia, corrupción, mediocridad, provisión de los cargos sin pulcritud, falta de recursos, ausencia de políticas públicas y politización, etc. No se trata de negociar, al estilo Santos, otra inane reforma como la "sepultada"; se requiere un debate nacional profundo sobre el asunto y una auténtica voluntad de cambio que cobije a todo el carcomido aparato del Estado y no solo a la Administración de Justicia. ¡Lo demás es llover sobre mojado; es montar un show electoral para atraer votantes…

* Director del Departamento de Derecho Penal, Escuela de Derecho, Universidad Sergio Arboleda.

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