Las manifestaciones que hoy poblarán de nuevo las calles de las principales ciudades de Brasil irán más allá de una multitud de ciudadanos inconformes: serán un verdadero pulso entre los sindicatos opositores y afines al gobierno de Dilma Roussef. Los dos bandos, la oficialista Central Única de Trabajadores (CUT) y la central obrera opositora Força Sindical, anunciaron ayer sus posturas para las protestas de hoy.
La Central Única de Trabajadores, la mayor unión de sindicatos del país y controlada por el Partido de los Trabajadores, al que pertenece Rousseff, ya aclaró que las protestas no pretenden ir contra el Ejecutivo.
La "agenda de reivindicaciones" de la CUT, entre otros puntos, exige la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales y que se destine el 10 por ciento del presupuesto nacional a la salud pública y un 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación.
Además reclama por atrasos en la reforma agraria y respalda el plebiscito propuesto por Rousseff para que se consulte sobre una reforma política.
En la acera opositora, la central obrera Força Sindical respalda la mayoría de las propuestas de la CUT, pero además manifestará sus críticas al Gobierno y exigirá la destitución del ministro de Hacienda, Guido Mantega.
"Queremos un cambio radical en la economía y un combate frontal a la inflación que corroe los salarios de los trabajadores", declaró el presidente del sindicato, Paulo Pereira da Silva.
Inversión pobre
El problema es que Brasil, a pesar de su reciente éxito, invierte mucho menos en servicios públicos que cualquier otra gran economía.
Tras el fin de dos décadas de dictadura militar, la Constitución brasileña de 1988 abrazó un sistema de pensiones estilo europeo pese a las limitaciones de una economía en desarrollo.
"Adoptamos un modelo que transfiere mucha de la riqueza pública a los individuos y deja muy poco para la inversión pública", dice Samuel Pessoa, economista de la escuela de negocios Fundação Getulio Vargas.
Por eso, aunque grava a la población con niveles de impuestos similares a los de Suiza, Canadá o Australia -con un peso tributario equivalente a un 35 por ciento de la economía-, Brasil gasta la mayor parte de sus recursos en costos de personal y derechos.
En lugar de mejorar las carreteras, sistemas de ferrocarril o escuelas, los ingresos van a pensiones, salarios del sector público y transferencias a los gobiernos municipales, que usan los recursos para financiar altos gastos similares.
Menos de un 5 por ciento del gasto del Gobierno en 2012 fue a inversiones, según un reciente estudio de Credit Suisse.
Y en momentos en que la otrora pujante economía de Brasil está frenada, el Gobierno está dosificando incluso el dinero destinado a las inversiones. El año pasado Brasil gastó menos de un 10 por ciento del dinero destinado a proyectos de transporte urbano, según datos compilados por la organización de fiscalización Contas Abertas.
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