El presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias del Senado y Vicepresidente Segundo del Congreso, Édgar Espíndola Niño, visitará este martes la cárcel La Modelo de Bogotá, por solicitud del director del Inpec, general Gustavo Ricaurte Tapia.
Al congresista lo acompañará el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado Pedro Sanabria; el presidente de la Sala Disciplinaria de esa corporación, magistrado Wilson Ruiz Orejuela; el presidente de la Sala Administrativa, magistrado Néstor Correa, y los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá.
La vista se producirá tras el fallo de tutela 2013-00016, proferido por la Juez 56 penal del circuito de Bogotá, que ordenó al director de La Modelo abstenerse de recibir personas sindicadas y condenadas por el término de tres meses, y a la dirección del Inpec a trasladar a las personas condenadas a otras penitenciarías, lo que ha incrementado el hacinamiento en otros penales.
Adicionalmente, el fallo declaró la subsistencia de un estado de cosas inconstitucional, posición que compartió la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura en providencia 2012-4075, en la que vinculó a todas las entidades del Estado que transversalmente son responsables de que se cumplan los postulados constitucionales con la población carcelaria.
Precisamente, en aras de buscar una solución urgente que permita el deshacinamiento carcelario, el director del Inpec convocó a la Comisión de Derechos Humanos del Senado para que verifique el cumplimiento de los Derechos Humanos en los 142 centros de reclusión.
Como parte de esa solicitud se acordó la visita al establecimiento de reclusión en compañía del presidente del Consejo Superior de la Judicatura, así como de los presidentes de las salas y de los jueces de ejecución de penas para informarles la situación jurídica de la población reclusa del país.
“Históricamente se le ha endilgado al Inpec la responsabilidad del hacinamiento, pero, como lo he manifestado reiteradamente, la institución no genera la sobrepoblación porque nosotros no tenemos injerencia en definir los delitos o las penas; carecemos de facultad legal para otorgar beneficios administrativos, medidas sustitutivas de detención o prisión intramural, subrogados penales; tampoco decretamos la libertad de los internos”, indicó el general Ricaurte.
“Por eso, necesitamos que todas las entidades del Estado trabajemos mancomunadamente para buscar en el corto plazo el deshacinamiento carcelario. Estamos en una situación crítica de hacinamiento, y para nosotros es indispensable el apoyo de la rama judicial, para agilizar la solicitud de libertad por pena cumplida, beneficios administrativos, sustitución de medidas de aseguramiento como detención o prisión domiciliaria y todas aquellas medidas que en virtud a la ley nos permita la liberación de cupos”, dijo.
