En la sociedad colombiana, los atajos son una modalidad bastante común y frecuente. El atajo es utilizado no solo por algunos funcionarios de entidades oficiales sino también por algunos jueces, empresarios, ciudadanos, y por todos aquellos que buscan mecanismos poco transparentes para ajustar la normatividad y las leyes a sus necesidades con el fin de justificar y obtener sus propósitos.
Uno de los más recientes casos en este campo -y que ejemplifica claramente esta modalidad- ha sido el de la concesión para la exploración y explotación minera otorgada a la multinacional Muriel Mining Corporation, en los departamentos de Antioquia y el Chocó por un espacio de 30 años, prorrogable por otros 30 años. Una concesión que cubre una extensa zona y afecta a una docena de comunidades indígenas al igual que a comunidades afrodescendientes y campesinas en los municipios de Frontino, Murry, Urrao, Vigía del Fuerte, Carmen del Darién y Murindó.
El caso ha estado plagado de atajos, atropellos e irregularidades, situación que llevó a las comunidades afectadas a interponer una Acción de Tutela para proteger sus derechos fundamentales.
El proceso ha dejado muy mal parados a los jueces que en primera y segunda instancia negaron la tutela, la cual fue revisada y aceptada por La Corte Constitucional.
Este alto tribunal, luego de analizar en detalle la situación, decidió fallar a favor de los derechos fundamentales de las comunidades afectadas, proteger las riquezas naturales de la Nación y suspender las actividades que venía adelantando la multinacional.
Son varias las entidades que se han visto seriamente comprometidas en el otorgamiento de permisos y licencias, tal como lo deja ver el fallo de la Corte, quien considera que " el proceso de consulta previa adelantado por el Ministerio del Interior y de Justicia, no tuvo en cuenta a todas las autoridades e instituciones representativas de las comunidades respectivas, constatándose que algunos de los participantes en la adopción del proyecto en cuestión, no se encontraban debidamente acreditados, ni autorizados". Se manifiesta así la suplantación que se ha hecho de líderes y representantes de las comunidades para efectos de la consulta previa, un error en el que caen muchas empresas para lograr sus fines, en tanto que el Ministerio del Interior avala que este tipo de irregularidades sucedan. Es por esto que la Corte ordena al Mininterior rehacer el proceso de consulta previa.
Otro ministerio que queda muy mal parado es el del Medio Ambiente, puesto que la Corte le ordena que "culmine los estudios científicos integrales y de fondo sobre el impacto ambiental que tal desarrollo pueda producir, difundiendo ampliamente los resultados entre las comunidades indígenas y afrodescendientes que puedan ser afectadas y evitando que se emitan licencias ambientales para la ejecución de proyectos de exploración y explotación que afecten la biodiversidad y el medio ambiente".
A su vez ordena a Ingeominas que se abstenga de otorgar o suspenda, según el caso, las licencias de exploración y explotación minera en el proyecto, hasta que no finalicen a cabalidad los estudios sobre el impacto ambiental y se realice la consulta previa de manera adecuada.
También ordena al Ministro de Defensa Nacional que analice objetivamente y subsane las razones por las cuales las comunidades indígenas y afrodescendientes no perciben el ingreso de la Fuerza Pública en sus territorios como garantía de seguridad.
El fallo destapa una serie de irregularidades que no dejan de preocupar, más cuando se trata de un sector estratégico para la economía, que de no hacerse de manera responsable puede ser desastroso para el futuro de las comunidades, de la convivencia pacífica, del medio ambiente y del país en general.
Y a todas estas ¿qué pensarán los gobernadores, en especial el de Antioquia, quien ha sido uno de los que firmó la concesión minera junto con Ingeominas y los alcaldes de los departamentos afectados por todos estos atajos? Sería muy interesante conocer su reacción puesto que se trata de arbitrariedades que se suceden en contra de sus territorios y de las poblaciones que ellos representan.
* Ex ministro del Medio Ambiente
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