Tenía solo meses y ya estaba en Estados Unidos. Ahora, con 39 años de edad, Francisco Rascón lucha en la frontera más peligrosa del mundo, del lado mexicano, por reunir al menos 170 dólares y lanzarse al implacable desierto de Arizona para cruzar ilegalmente por novena vez.
Su vida está allá. Bueno, sus pocos amigos; es hijo único y sus padres murieron. Por eso, a pesar de que sabe mejor que nadie lo que significan cuatro días de camino, entre 6 p.m. y 9 a.m. bajo los 50 grados de temperatura que su cuerpo tiene que resistir, no ve otra salida. En su pueblo, Agua Prieta, en el estado mexicano de Sonora, no conoce a nadie y, dice, las oportunidades son escasas en la construcción.
La caridad de los albergues del desierto, que conocen lo que es ver pasar hasta 80 sueños cada mes por las montañas o por el desierto, son su única esperanza.
"Polleros" o "coyotes" (guías) no necesita. Sus ocho historias, una por el Río Bravo en 1985 y el resto por el desierto, son suficientes.
Dentro de las opciones, él elige el terreno árido, un espacio reservado para la soledad, una estrategia del Gobierno estadounidense que tiene el calor o el frío siempre de su lado, cuando la nieve congela o el calor deshidrata los cuerpos de los pollos, como le dicen a los soñadores que van tras los pasos de los "polleros".
Si alguien se anima a seguirlo, bienvenido, sino su conocimiento de la interminable frontera y sus mañas para huirle a "la migra" bastan. Nunca lo han cogido en el intento. Él sabe lo necesario para coronar: diez galones de agua en verano y dos en invierno; y en el día, cualquier árbol o piedra se convierten en la mejor guarida.
"La última vez que me deportaron fue el 28 de enero de este año y desde eso estoy en Mexicali, esperando poder regresar", comenta Francisco, quien recuerda que por conducir a alta velocidad la Policía lo paró en Los Ángeles y lo deportó por octava vez.
Nadie lo detendrá, así tenga claro que, lo que era fácil antes del S-11 hoy es una utopía: hacer realidad su nuevo sueño americano.
Aunque Francisco nunca ha sufrido asaltos, violaciones y asesinatos que se dan en estos espesos 3.300 kilómetros, tiene claro que el peligro está en cada paso.
Según Guillermo Alonso, investigador de temas fronterizos del Colegio de la Frontera Norte, de México, entre 1993 y 2010 unas 7.000 personas han muerto en el intento. Según Alonso, la mayoría de víctimas mortales son "varones mexicanos, pero también hay niñas, mujeres, centroamericanos, indígenas, ancianos..."
Y es que en 1994, cuando E.U. comenzó la construcción de la cerca eléctrica que hoy tiene 1.063 kilómetros de extensión sobre la frontera, el problema se trasladó al desierto. Es tan implacable este territorio que, comenta Maureen Meyer, de la oficina en Washington para asuntos Latinoamericanos (Wola), hay partes donde ni siquiera una barrera física separa ambos países. Las autoridades lo consideran innecesario, las condiciones climáticas expulsan a los indocumentados.
Incluso, a cada extremo del muro fronterizo en Texas, sobre el Río Bravo, hay dos puentes que, para muchos, son estratégicos para que los ilegales pasen con aparente facilidad y caigan en las manos de la temida Patrol Border o "migra".
No sólo el calor, el frío, el Río Bravo, los vándalos y los "coyotes" que cada vez suben más la tarifa (unos 3.000 dólares) por el aumento de la seguridad, hacen de esta frontera un callejón sin salida, sino que el maltrato verbal y psicológico hacen de una eventual deportación la experiencia más amarga.
Mireya Félix es el primer rostro amable que ven quienes están de regreso, luego de que una camioneta de la Policía, todos los días a eso de las 11 de la mañana (en México) llega con la primera tanda de deportados. Con el estómago vacío y la garganta seca, encuentran, gracias a Mireya, agua, sánduches y refugio.
Según ella, el maltrato físico no es lo más común, pero "sí existe". El que sobra, comenta, es el psicológico. Y quién mejor para decirlo que Francisco, que sabe lo que es cruzar de regreso y quien, si bien no ha sido golpeado, asegura que los agentes "humillan" y dicen, por ejemplo, "por qué vienen a pedir a este país".
Mónica Oropeza lleva 23 años recibiendo en el Albergue del desierto a menores y mujeres deportadas. Ella es la primera en afirmar que sí hay maltrato y recuerda, con indignación, el caso del mexicano Anastasio Hernández, de 32 años, quien murió el pasado 29 de mayo luego de que las autoridades le propiciaran descargas eléctricas.
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