Un mayor presupuesto, un marco normativo que facilite la ejecución así como el fortalecimiento institucional son algunos de los logros que observa la Cámara Colombiana de Infraestructura en el actual periodo de gobierno y que están encaminados a "cumplirle al país con una infraestructura moderna y competitiva".
Esos avances, según lo expresó la CCI, "confirman que hoy la discusión alrededor de los temas de transporte es distinta a la de hace cuatro años". De ahí que el gremio les presentó a los candidatos presidenciales un documento que tiene diez propuestas que requiere el sector.
Estas son las propuestas:
1. Impulsar un Plan Maestro de Transporte de largo plazo, que trascienda los planes cuatrienales y se inspire en los postulados de un sistema multimodal.
2. Apropiar partidas generosas de "preinversión" en los estudios y diseños que realizan los consultores para relegitimar la ingeniería de consulta.
3. Fortalecer la ingeniería local, privilegiándola sobre las firmas extranjeras.
4. Concertar con los gremios del sector una política pública para fortalecer e impulsar el crecimiento y la modernización de las pymes de ingeniería.
5. Profundizar la institucionalidad y la inversión en infraestructura en las regiones más pobres y aisladas, en consonancia con el propósito de la paz.
6. Utilizar el mecanismo de las Asociaciones Público Privadas APP, para reducir el déficit de infraestructura en los centros urbanos. Por esta vía existe, además, la posibilidad de implementar las autopistas urbanas, donde a través de la inversión privada, puede proveerse nueva infraestructura vial, incluyendo los carriles para la operación de los SITM, sin requerir recursos públicos.
7. Impulsar tres ajustes o reformas legales: complementar la Ley de Infraestructura; promover la revisión del límite del 20% de recursos estatales establecido en la ley sobre APP, e impulsar un mecanismo de licitación abierta para escoger a los precalificados en los procesos de contratación de APP.
8. Concertar una ley estatutaria sobre consultas previas.
9. Realizar ajustes a la institucionalidad en la ANLA, en la Agencia Nacional de Contratación y en la ANI.
10. Garantizar al mercado financiero y constructor estabilidad en las reglas de juego, seguridad jurídica y solución ágil de conflictos.
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