La situación que se vive actualmente en la Fuerza Pública es preocupante y no beneficia a la institución castrense ni al país en general. Hay inconformismo entre sus miembros y debe ser correctamente percibido y analizado en toda su complejidad para llegar a decisiones que preserven la monolítica identidad entre el querer nacional y la misión de sus Fuerzas Militares.
Hechos internos como la reciente interpretación jurídica de los sucesos del Palacio de Justicia en 1985, los procedimientos para el retiro del servicio activo de los miembros del alto mando militar, el calificar al Ejército de asesino por el enfrentamiento con una patrulla de la policía, el acto jurídico que desestimó la información recogida de los computadores de Reyes , la condena de la Nación por los hechos de Las Delicias y lo sucedido en el Congreso de la República, entre otros aspectos, motivaron la negativa del Cuerpo de Generales y Almirantes a asistir al lanzamiento de la Política de Seguridad y Defensa para la Prosperidad Democrática.
También las manifestaciones de protesta en diferentes ciudades del país, el 31 de mayo, por parte de las reservas activas, para reclamar justicia, legítima defensa, debido proceso, atención a las aspiraciones salariales y de salud.
Todo este gran malestar demuestra fisuras en la comunicación y, a la vez, confusión o ignorancia sobre roles y responsabilidades de las Fuerzas Militares, como también sobre su importancia y sus riesgo en un país en conflicto.
El tema no es del todo nuevo. En la década de los 90, los ministros de Defensa, Gilberto Echeverri, Rodrigo Lloreda y Fernando Ramírez lideraron, cada uno en su momento, el proceso de reforma militar que tantos beneficios les ha traído a la institución y al país en términos de eficiencia operacional. Tuve en esa oportunidad el honor de dirigir la comisión interna y ser el secretario general de la comisión externa. La comisión interna dio las recomendaciones para la reestructuración operativa dentro de seis líneas de acción. Desafortunadamente no fue posible vender la idea de la necesidad de la reforma educativa. La comisión externa, compuesta por 35 idóneos representantes de los tres poderes del Estado, de los organismos de control, la academia, representantes de la Reserva Activa y de las fuerzas vivas del país, abortó su trabajo como rechazo a la expresión de un General que incluyó a la Procuraduría y la Fiscalía como enemigos de la Fuerza Pública.
La reforma efectuada concentró su esfuerzo en la eficiencia. Ahora se necesita complementarla en cuanto a la eficacia. Se requiere reanudar el esfuerzo de la comisión externa, con nueva dimensión y nuevas perspectivas. El punto de partida debería ser entender que el oficio del soldado es la guerra, pero su fin es la paz. En otros términos, la guerra es un acto político de responsabilidad social para lograr la sana convivencia y el desarrollo justo y sostenible.
Dentro de dicha concepción, el punto nodal de la reforma será el estructurar y promulgar la Ley de Seguridad y Defensa nacionales, en la que se fijen los principios filosóficos, políticos y jurídicos de la estructura militar. Esa ley deberá coadyuvar en la construcción de una visión compartida de nación, expresada en un eslogan capaz de movilizar la aplicación de las capacidades de la sociedad en pleno hacia el logro de los objetivos nacionales.
Hasta hace poco, las angustias institucionales se centraban en los limitados recursos para lograr el poder de combate necesario. Por ningún motivo podemos permitir que la angustia se traslade del poder al querer por la incomprensión de algunos organismos del Estado, por confusión en los roles, o por dudas sobre el valor y mérito de las motivaciones. En síntesis, lo que está sucediendo dentro de las Fuerzas Militares en actividad y en la Reserva Activa es justo y no cosa de poca monta.
Es por ello que exige un repensar de la sociedad colombiana y de los diferentes organismos del Estado sobre las Fuerzas Militares que desean y necesitan, a la vez que los procedimientos debidamente reglados dispuestos a respaldar.
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