La hermana de Felipe VI, actual Rey de España, e hija del saliente Juan Carlos I de Borbón, la Infanta Cristina, fue ayer imputada por dos cargos de delito fiscal y blanqueo de dinero, en el marco del escandaloso caso Nóos, que empañó en gran parte la imagen de la realeza en dicho país.
El juez José Castro emitió un auto en la ciudad de Palma de Mallorca, donde se lleva la causa, que pone fin a una larga instrucción en la que imputa a un total de quince personas. Entre estas, por supuesto, su marido, Iñaki Urdangarin, Duque de Palma, a quien se le acusa de otros siete presuntos cargos.
¿Cómo recibió España la noticia? Expertos coinciden en que la decisión del juez no sorprende a nadie y, por el contrario, es muestra para una gran parte de españoles inconformes que su sistema judicial funciona incluso al abordar posibles delitos de la realeza. Era considerada por algunos hasta ahora intocable.
"El auto del juez es muy contundente y no deja lugar a dudas. Es consecuente con la línea de investigación e imputa a la Infanta de los cargos sobre los que se venía hablando: delito fiscal y blanqueo de capitales. Son 167 páginas y tres años de investigación. No deja dudas el juez. Según él hay indicios sobrados de que esta se lucró en beneficio propio al participar al 50 por ciento de la sociedad mercantil Aizoon", dijo a este diario Humberto Montero, periodista y columnista de La Razón.
"La justicia dejó muy en claro los motivos por los que es imputada. Habrá que esperar ahora qué pasa. Lo que es evidente es que la ciudadanía española está molesta por este tipo de escándalos y se debe actuar para hacer justicia respecto a este tipo de irregularidades. Yo creo en las instituciones y que el que sea culpable pague por lo que hizo", coincidió en diálogo con El Colombiano Víctor Corcoba Herrero, escritor y periodista.
En medio de este aval que da la ciudadanía a que la hija de un saliente Rey y hermana del actual monarca sea juzgada como cualquier ciudadana, la Casa Real española no ha protestado la decisión y en cambio ha respetado la institucionalidad del país, tal como creen las voces consultadas por este diario.
"Esto es democracia. La ley debe ser igual para todos. La han imputado y la justicia es la que tiene que hablar. Más allá de cualquier tema político, esta debe ser independiente. Por supuesto, los demás poderes no tienen nada que hacer. Eso es algo que dejó en claro el nuevo Rey en su discurso inaugural: la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial", aseguró Corcoba.
"En cuanto a la Casa Real, no creo que vaya a emitir ningún comentario en contra. Cristina ha sido apartada de cualquier acto público de la realeza, continúa con el trato de Infanta, pero no tiene mayor vinculación en este momento", recalcó Montero.
"Me imagino que en este nuevo reinado España seguirá encaminándose a esta línea que Felipe VI trazó para que la crisis de las instituciones se resuelva, porque habían perdido credibilidad. Todo eso hay que regenerarlo y en ese sentido los españoles solo pueden sentirse satisfechos porque la justicia está actuando", afirmó por su parte Corcoba.
Por todo esto, nadie en el país se sorprende de la imputación de la Infanta Cristina, y el consenso en la opinión pública española es que se trata de un avance para sus maltrechas instituciones.
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