El cambio de la naturaleza jurídica de Une, una decisión tan importante que recompondría el mercado de telecomunicaciones en Colombia, mantenía anoche una tendencia favorable en el Concejo de Medellín, donde se estimaba que la votación quedaría 11-9 para facilitar su fusión con una multinacional.
Esa transformación de la naturaleza jurídica de Une, para que sea una sociedad mixta por acciones, dejaría a la filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM) con la puerta abierta para absorber la operación de la multinacional sueca Millicom en el país, dueña de la mitad de Colombia Móvil-Tigo desde hace seis años. La otra mitad está repartida por partes iguales entre Une y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB).
La aprobación del Acuerdo 106 por parte del Concejo determinaría tres aspectos fundamentales, no contemplados en el proyecto de acuerdo original presentado por el Municipio (dueño de EPM) desde el primero de marzo pasado.
En la eventual fusión de Une con Millicom, se mantendría la razón social Une EPM Telecomunicaciones en la empresa resultante de la integración. Asimismo, el Grupo EPM debería asegurar una mayoría accionaria en un porcentaje a negociar con Millicom.
También se tendría que pactar una prima de control que pague Millicom al asumir el manejo administrativo de la empresa, tal como se acordó en el memorando de entendimiento no vinculante, en febrero pasado. La decisión del cabildo municipal ratificaría además la solicitud del Municipio de que la empresa esté domiciliada en Medellín y tendrían que conservar los derechos laborales de los actuales trabajadores de Une.
La fusión permitiría a Une sumar fuerzas y portafolios con Millicom de cara a ser, en poco tiempo, el segundo operador de telecomunicaciones del país, tanto en servicios fijos como en móviles.
De confirmarse las proyecciones realizadas por las firmas que valoraron la transacción, la empresa resultante de la fusión tendría unos ingresos anuales cercanos a los 1.800 millones de dólares y un ebitda (utilidad antes de impuestos, deuda y demás) de 469 millones de dólares.
Las expectativas de EPM con la integración apuntan a aumentar las transferencias al Municipio, que además recibiría unos recursos extraordinarios por cuenta de la capitalización que haga +Millicom en la empresa transformada, para alcanzar la propiedad pactada.
"Estamos muy tranquilos, llevamos al Concejo una propuesta sensata y consecuente que busca proteger 58 años de patrimonio público de Empresas Públicas de Medellín", comentó su gerente, Juan Esteban Calle en el recinto del Concejo.
Concejo partido en dos
La fusión, vista por el bloque de corporados que impulsaron la iniciativa, es coherente con la ley y regulación nacionales y para darle viabilidad a Une en un complejo mercado de telecomunicaciones.
"Las condiciones actuales imponen unas reglas de juego imposibles de cumplir para una empresa local desde lo público y obliga a buscar figuras para preservar el capital público", comentó el presidente del Concejo, Nicolás Albeiro Echeverry, ponente del proyecto.
Distinto piensa el corporado Luis Bernardo Vélez Montoya, uno de los mayores opositores que acompaña la propuesta del colectivo social Medellín nos Une para convocar a una consulta popular de modo que sea la ciudadanía la que decida qué hacer frente a Une: si fusionarla, o no, y si es con Millicom, o no.
"Sigo insistiendo que este proyecto de Acuerdo fue ilegal, irresponsable, inconveniente e indecente y no va a disminuir los temas de inequidad en la ciudad, ojalá me equivoque", comenta Vélez al cuestionar la tesis de que al tener una empresa entre Une y Millicom se aseguren más excedentes para el Municipio e invertir en lo social.
El debate continúa
En ese contexto, llegar a este paso de Une, bueno para unos, malo para otros, no fue nada fácil hasta el último día en su trámite en el cabildo local.
Por su recinto pasaron más de 200 personas con posturas a favor y en contra, se registraron movilizaciones sociales, hubo foros académicos y se contó con el concepto de expertos locales y nacionales.
Al tiempo arreció una fuerte oposición evidente no solo en cabildantes protagonistas de la decisión, sino desde sindicatos, exfuncionarios y el colectivo Medellín nos Une.
Incluso la discusión del Acuerdo dio pie para que con los recursos jurídicos interpuestos sean los tribunales y no los concejales quienes den la última palabra ante lo que consideran "una privatización del patrimonio público", como arengaron ayer más de 300 personas en las barras del Concejo y en la plazoleta de La Alpujarra.
Por ahora, ya hacen curso dos acciones de tutela y una acción de cumplimiento que esperan se archive el proyecto y alegan básicamente violaciones al debido proceso, faltas de consulta previa y garantías en el tramite del acuerdo.
También la bancada de La U afina sus próximas cartas jurídicas para reversar la decisión.
Hoy se clausuran las sesiones en un Concejo que hace muchos años no tenía una decisión tan compleja en sus manos desde la escisión justo, del negocio de telecomunicaciones del Grupo EPM, en 2006.
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