Pese a las promesas del presidente de la República, Juan Manuel Santos, y del fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, de ocupar las 233 vacantes que había en la Fiscalía de Medellín, el esfuerzo no ha sido suficiente y todavía falta.
En un principio los compromisos asumidos por la entidad hablaban de suplir a la ciudad con 24 fiscales, 92 asistentes, 111 miembros del CTI, un fiscal para el Centro Integrado de Intervención de la Comuna 13 y 5 para el Gaula Metropolitano.
Sin embargo, Gloria Montoya Echeverry, presidenta del Colegio de Jueces y Fiscales en Antioquia, dice que hay un cumplimiento parcial pues se han nombrado al rededor de diez fiscales y cuarenta asistentes, lo que ayuda a oxigenar el aparato judicial pero que no le quita la asfixia. "El problema es que para cumplir los compromisos que han adquirido, sacan funcionarios de otras secciones".
Una fuente cercana a la Fiscalía, que pidió la reserva de su nombre, le dijo a El Colombiano que en la entidad sí se han dado muchos nombramientos en los últimos meses, aunque siguen faltando designaciones desde Bogotá. Por su parte, el secretario de Seguridad de Medellín, Iván Darío Sánchez Hoyos, dijo no conocer cuáles eran los movimientos que se daban en la entidad.
Montoya Echeverry también aseguró que la promesa de nombrar más asistentes es un compromiso de años anteriores, por lo que se ha dilatado una necesidad de la seccional. "También el Fiscal General está atado a procesos de modernización de la rama, y el Presidente Santos debe dar facultades extraordinarias para transformar la Fiscalía".
Medellín, dice la presidente del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia, "necesita gente supremamente preparada para el criminal que tenemos, para el criminal moderno. Si el Estado no hace el ejercicio de ponerse a la par con el delincuente, ¿cómo lo va perseguir? El delincuente de ahora tiene la capacidad de pagar conciencias porque lo apoya una organización criminal muy fuerte, y llega al punto de eliminar a quien se convierta en un obstáculo".
Según el fiscal Luis Fernando Otálvaro, presidente nacional de Asonal Judicial, la actual situación empeora "porque los fiscales están sin asistente judicial, y así no sólo realizan sus actos, sino los de la policía judicial y los del asistente. Lo grave es que los fiscales no pueden asumir las labores de los asistentes, en virtud de la ley que se los prohibe".
Sostiene que los fiscales están recibiendo testimonios, denuncias y así se "contamina la prueba, porque terminan haciendo lo que le corresponde al asistente judicial".
Jairo Herrán Vargas, penalista y expersonero de Medellín, dijo que es necesario suplir cuanto antes las necesidades de la Fiscalía, pues hay cargas excesivas de trabajo; las audiencias se deben preparar en tiempos muy cortos, lo que afecta la rigurosidad necesaria en un juicio. "Se debe ampliar la planta de fiscales, de los investigadores del CTI y de los laboratorios, porque muchas pruebas hay que mandarlas a Bogotá".
Hasta el cierre de esta edición se trató de contactar al Director Seccional de Fiscalía, Germán Darío Giraldo, pero no fue posible.
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