La fiscal general de la Nación, Viviane Morales Hoyos, solicitó audiencia para imputar cargos a 22 personas por el caso de Agro Ingreso Seguro (AIS).
En rueda de prensa, la Fiscal informó que la medida cobija los exfuncionarios del Ministerio de Agricultura, el ex viceministro, Juan Camilo Salazar Rueda; el exsecretario general, Juan David Ortega Arroyave; la exdirectora de Comercio y Financiamiento, Camila Reyes del Toro; el exdirector de Desarrollo Rural Javier Enrique Romero Mercado; la exjefe de la Oficina Jurídica, Tulia Eugenia Méndez Reyes; el exjefe (cargo que ocupó en 2008) de la Oficina Jurídica, Oskar August Schoerder Muller, y Rodolfo José Campo Soto, ex gerente general del Incoder.
También cobija a varios miembros de la familia Dávila por ser beneficiarios del programa. Principalmente a Juan Manuel Dávila Gimeno, María Clara Fernández de Soto de Dávila, Juan Manuel Dávila Fernández de Soto, Ana María Dávila Fernández de Soto y la modelo y actriz Valerie Domínguez Tarud, contra quien no procedería una medida de detención preventiva.
Sobre ella, se precisó que se "solicitó audiencia de formulación de imputación por los presuntos delitos de falsedad en documento privado y tentativa de peculado por apropiación, por cuanto renunció a la obtención del subsidio de AIS".
De igual manera contra los integrantes de la familia Vives: Álvaro Luis Vives Lacouture, Inés Margarita Vives Lacouture, Roberto Eusebio Vives Lacouture, María Teresa Vives Lacouture, Patricia Vives Lacouture, José Francisco Vives Lacouture, Silvia Rosa Vives de Sánchez, María Luisa Zúñiga Vives, Silvia Rosa Campo Vives y Roxana María Castro Solano serán formulados cargos de imputación y "se solicitará la imposición de medida de aseguramiento por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades o incompatibilidades y falsedad ideológica en documento público", informó la Fiscalía.
Por la entrega irregular de subsidios se investiga además la responsabilidad de otras 50 personas entre servidores públicos, contratistas y particulares beneficiarios del programa de Agro Ingreso Seguro, a quienes ya se les ha escuchado en interrogatorio.
La primera audiencia se realizará el próximo 5 de abril ante un juez de control de garantías y será contra los siete exfuncionarios el Ministerio de Agricultura. En los próximos días se establecerá la fecha para la diligencia judicial en contra de los beneficiarios.
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