El enfrentamiento entre Eduardo Montealegre y Alejandro Ordóñez sobre cómo juzgar a los guerrilleros que dejen las armas si se consigue un proceso de paz, es un primer capítulo de lo que le espera al país si el acuerdo llega a consolidarse.
Complejo.
Mientras el Fiscal establece que los guerrilleros que dejen las armas no necesariamente deberán pagar sus deudas con la Justicia en prisión, el Procurador asegura que el país se convertiría en "paria" si quienes cometieron delitos de lesa humanidad no van a la cárcel.
Un debate enredado pero importante.
Sobre todo porque la diferencia de posiciones representan la división conceptual que existen entre las dos ideologías políticas más importantes del país. Por un lado, el uribismo con sus voceros exigen penas para todos los guerrilleros, haciendo eco de la posición de Ordóñez, como mecanismo de proteger el legado del expresidente Uribe.
Incluso el exvicepresidente Francisco Santos está pagando por unas vallas de publicidad en las que compara a Pablo Escobar con alias "Iván Márquez" con una leyenda que dice "Adivine quién ha matado más policías". Sin duda una burda jugada para posicionar su precampaña electoral, politizando el proceso de paz. Impresentable.
Por el otro lado, el Gobierno mucho más sensato que, al igual que el Fiscal, defienden la negociación y plantean alternativas como la suspensión de penas, dentro del paradigma de la justicia transicional, a cambio de una dosis suficiente de verdad y reparación para llegar al fin de este conflicto y lograr la tan anhelada paz.
Dos polos opuestos para tratar un mismo problema.
En procesos similares en otros países del mundo, donde se ha puesto fin a conflictos dilatados e históricos, como el colombiano, la postura del Gobierno y el Fiscal es la que se ha aplicado. Es importante reconocer que es casi imposible llegar a la paz y al desarme sin indultos sobre la mesa.
El tema no solamente es político, sino también jurídico.
Pero también social, ya que la otra pregunta importante es qué tanta tolerancia tendrá la sociedad civil frente a un indulto de penas de los exguerrilleros y su posterior integración a la actividad política. Los interrogantes siguen abiertos cuando la respuesta es una: si la paz se quiere hay que generar apertura social, jurídica y política para eso.
Y para eso se requiere la capacidad para que la sociedad nacional perdone e indulte. Ese será el tema que más generará controversia sobre el proceso de negociación con la guerrilla, ya que lo que se define no es solo cómo terminar la guerra, sino también el papel de la justicia y la sociedad en el marco de la búsqueda por la paz.
La negociación en La Habana no ha sido fácil, pero la solución jurídica y social a la integración de los exguerrilleros va a ser aún más compleja si esto se logra. Un reto para la Corte Constitucional que tiene que aprobar los acuerdos negociados, para el próximo gobierno que debe tener el capital político para sacar esto adelante y sobre todo para toda la sociedad en la preparación de una nueva realidad socio-política.
Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8
