El asesinato de dos aspirantes a la Alcaldía de Campamento, Antioquia, atribuido por las autoridades a las Farc, no es un hecho fortuito ni aislado dentro del accionar violento al que las guerrillas y sus aliados los narcos nos tienen acostumbrados desde siempre y, sobre todo, cuando estamos en un año electoral.
La sangre fría, propia del terrorismo, con la que volvieron a actuar las Farc en el norte de Antioquia para acabar con la vida de Donay de Jesús Correa y Guillermo Roldán no nos debe extrañar, pero sí poner sobrealerta para evitar que pueda repetirse con otros candidatos. La seguridad y la integridad personales de los aspirantes y sus comitivas están estrechamente relacionadas con las medidas de prevención que se adopten a la hora de salir a hacer proselitismo en zonas de orden público.
Arrinconadas como están y muy lejos de tener el apoyo popular que quizás otrora tuvieron, las Farc pretenden activar su aparato de muerte y de intimidación para crear temor e incidir gravemente en el proceso electoral que se avecina. Lo pretendieron el año pasado cuando la elección presidencial, tratando de suplantar a la Fuerza Pública para después cometer actos terroristas, y lo querrán hacer ahora con los gobiernos locales, en especial en zonas apartadas de las grandes ciudades y con pequeños grupos de milicianos.
De ahí, la necesidad de que el Gobierno central, los gobernadores y los alcaldes, en coordinación con las campañas políticas, puedan diseñar estrategias integrales que contrarresten la amenaza terrorista. No es posible poner un policía por candidato ni mucho menos un soldado en cada esquina, pero sí es urgente que cada uno de nosotros se convierta en una especie de padrino de la seguridad. La información oportuna y veraz que se les entregue a las autoridades es muchas veces más eficaz que un batallón completo de uniformados.
Resulta un imperativo que la nueva Política de Seguridad y Defensa que el Gobierno presentó la semana pasada se socialice rápidamente con los mandatarios locales y con los partidos para sincronizar los mecanismos de protección y seguridad de los candidatos, pues las intenciones de desestabilización democrática serán una constante de las Farc, ahora en contubernio con las bacrim, los narcos y la delincuencia organizada.
La ofensiva militar y los contundentes golpes que el Gobierno les ha propinado a los grupos armados ilegales en los últimos años los hacen más peligrosos, pues no desaprovecharán ninguna oportunidad para hacer daño y tratar de crear zozobra entre la población.
Es urgente actuar con decisión, de forma coordinada y sin asomos de heroísmo, para impedir que los violentos traten de capitalizar a su favor la innegable percepción de inseguridad en la que ahora está el país, y que con hechos tan lamentables como los ocurridos en Campamento, las guerrillas y las bacrim logren sus objetivos.
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