Mientras las monedas de muchos países tambalean, el precio del oro ha subido en forma sostenida en los últimos años. También se han multiplicado los grupos armados que usan el oro para financiar sus acciones militares y políticas en medio de las guerras que sacuden al mundo. Las empresas multinacionales, ávidas de explotar los yacimientos de este mineral, han invertido millones de dólares en nuevos proyectos.
Tal vez por eso el oro es clasificado hoy como uno de los llamados minerales de conflicto, junto con el coltán, el tantalio, el estaño y el tungsteno, materias primas indispensables en las nuevas industrias. Casi todos ellos son extraídos en países donde la minería causa desplazamientos, guerras, muertes y sufrimiento.
Colombia no es ajena a esta situación. El oro no solo es la moneda patrón en los nuevos mercados creados por las redes criminales del narcotráfico, sino que se ha convertido en el metal más codiciado para exportar, sobrefacturar y legalizar capitales. También, para financiar la guerra interna.
La explotación del oro tampoco es ajena a otros conflictos como el de la tierra y la preservación del medio ambiente. Una sola compañía multinacional reservó un poco más de un millón de hectáreas en títulos mineros en la zona limítrofe de Antioquia y Bolívar. La extracción sin ningún control con dragas y retroexcavadoras ha provocado graves daños ambientales en zonas como Chocó y el Nordeste de Antioquia. El uso indiscriminado de mercurio ha convertido al Bajo Cauca en una de las zonas con mayores índices de contaminación de este metal en el mundo.
Estos son algunos de los problemas que ha puesto en evidencia el paro nacional en el que participan unos 250 mil mineros medianos y pequeños de unos 18 departamentos en los que hay zonas mineras tradicionales como el Bajo Cauca y el Nordeste de Antioquia, el norte de Caldas, el Chocó, Guainía y Putumayo. De su trabajo dependen los ingresos de unos dos millones de colombianos.
El gobierno dice que el paro es promovido por grupos armados ilegales que quieren abusar de la minería del oro para lavar capitales obtenidos en actividades criminales o financiar sus operaciones militares. Los pequeños mineros dicen que el Gobierno quiere meter en el mismo saco a los barequeros que trabajan sin título y confundirlos con la minería asociada a las guerrillas o a las bandas criminales.
Luz Stella Ramírez, directora de la Confederación Nacional de Mineros, dice: "No somos financiadores de los grupos armados sino víctimas de ellos". Por eso pide que el Estado los incluya en el nuevo Código Minero y defina cuándo un minero es artesanal, tradicional, de hecho o informal, y que respete su derecho al trabajo.
Los pequeños mineros no se oponen a que el gobierno persiga a los grupos ilegales que usan la minería para financiarse. Lo que no quieren es ser tratados como delincuentes en medio de una guerra en la que se han visto obligados a convivir con grupos armados que los extorsionan, multinacionales mineras que los hostigan y los expulsan de su territorio y bajo la autoridad de un Estado que a veces los persigue, a veces trata de reinsertarlos a la legalidad, y en últimas parece haberlos abandonado a su suerte.
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