Héctor Zambrano Rodríguez se inició en la vida pública como asesor administrativo de la alcaldía municipal de Puerto Boyacá en 1987, donde laboró hasta 1994; después, su "buena estrella" lo llevó desde la provincia a la capital y, durante 17 años, se empotró –giro lingüístico muy apropiado al hablar de corrupción– en su administración como funcionario en las gestiones de Jaime Castro, Antanas Mockus, Paul Bromberg, Enrique Peñalosa, Luis Eduardo Garzón, Samuel Moreno y Clara López; a estos dos últimos les sirvió como Secretario de Salud y de Hacienda, respectivamente.
Su nombre es conocido gracias al despliegue mediático dado al escándalo de la contratación en Bogotá, que lo involucra en algunas investigaciones y, en especial, con el Contrato 1229 de 2009 por un valor de 67.203 millones de pesos realizado con la Unión Temporal de Transporte Ambulatorio (que pagó criminales coimas), por lo cual la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por dieciséis años. Además, la Fiscalía le imputó los delitos de cohecho, celebración indebida de contratos y peculado, aunque acordó con él un principio de oportunidad pues reconoció que, mochila en mano y bajo las órdenes de su jefe Moreno Rojas, repartió cerca de seis mil millones de pesos entre diversos funcionarios.
Por supuesto, la realización de tan repudiables hechos –por quien, con antelación y como buen actor, lloró ante los propios medios de comunicación al jurar que era inocente– no debería ser más objeto de análisis en espacios como este; sin embargo, la "entrevista" aparecida en la gran prensa el día 26 de julio de 2014 (eltiempo.com), obliga a hacer algunas precisiones, máxime si él autocalifica su actuar como "un error" que reconoce para "quitarse" el "karma interno" y recuperar su "tranquilidad". El mensaje es muy claro: le vende al colectivo social la idea de ser un "hombre bueno" que merece ser perdonado y, si se presenta la posibilidad, debe ser condecorado con la Cruz de Boyacá y una jugosa jubilación como recompensas por sus "servicios a la Patria".
Desde luego, "tropezones" como los del exfuncionario son los que tienen al país al bordo del colapso e impiden que progrese y se desarrolle; se trata de un mal generalizado que atraviesa, entre otros sectores, toda la contratación pública (incluso privada). El fenómeno es de una gravedad tal que un organismo tan serio y desprevenido como Transparencia Internacional, afirma que la descomposición en este ámbito "es reconocida actualmente como el factor principal de desperdicio e ineficiencia en el manejo de los recursos en la región. Se estima que, en promedio, el 10 % del gasto en contrataciones públicas se desperdicia en corrupción y soborno" (http://www.transparenciacolombia.org.co/).
En el proceder del otrora servidor público se observa, entonces, el más profundo y preocupante trastrocamiento de los valores que inspiran la convivencia en una sociedad que no debiera estar gobernada por estos burócratas venales e infectos quienes, a ojos vistos, se apoderan de los recursos que todos los colombianos tributamos como si ese proceder fuese el más normal del mundo. Individuos que como el mencionado, atendida su baja calaña moral, le dicen a una sociedad narcotizada que solo son hombres de carne y hueso quienes, como Teresa de Calcuta, van camino a la santidad porque no se sienten ni "delincuentes" ni "corruptos".
Por ello, al poner aquí punto final a este escrito sin tener que recordar más el nombre de aquel sórdido exservidor, solo resta clamar porque la justicia actúe para lograr que el imperio de la ley recaiga sobre tales depredadores –incluidos los miembros de la clase política y los funcionarios señalados por él, así pretexten que las acusaciones son "una canallada"– a quienes, sin duda, se les debe oír, vencer en juicio y condenar con las penas en ella fijadas, no por ser quienes son sino por las conductas punibles realizadas, acorde con los dictados propios de un Derecho Penal del acto, regido por el principio de culpabilidad.
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