La ausencia de un fiscal en el Centro Integrado de Intervención (CI-2) de la comuna 13 ha entorpecido la efectividad de las operaciones que realiza la Policía Metropolitana en esa zona de la ciudad contra la delincuencia.
Así lo manifestó el coronel de la Policía, Jorge Elías Salazar, coordinador de este centro, quien aseguró que el CI-2 trabaja con los fiscales de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), en el barrio Caribe.
Han pasado tres meses desde la creación y puesta en funcionamiento del CI-2 y la Seccional de Fiscalías de Medellín, o la Fiscalía General de la Nación, no han dado trámite al nombramiento de este funcionario judicial.
"Es muy diferente contar con un fiscal acá, que rápidamente puede evacuar órdenes de allanamiento u órdenes de captura a tener que trabajar con la URI", explicó el coronel Salazar.
Desde su creación, el CI-2 ha realizado 20 solicitudes de allanamiento. De estas, según el coronel Salazar, sólo fueron autorizadas 5.
"Estas aprobaciones de parte de los fiscales de la URI han tardado tres días. Los delincuentes aprovechan esta situación porque ellos mueven las armas y la droga cada dos o tres horas, entonces, cuando el fiscal da la orden ya no encontramos nada. La efectividad por estos procedimientos de capturas o de allanamientos son de menos del 50 por ciento. Solo en dos de ellas tuvimos éxito", reiteró el coronel Salazar.
La posición de la Fiscalía
Sin embargo, desde la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín, la necesidad de este fiscal para la comuna 13 se evalúa desde otra perspectiva.
Según la directora Marta Penagos, "este centro queda a menos de 15 minutos de donde hay 35 fiscales en turno las 24 horas. Queda a menos de 15 minutos donde hay una Unidad de Vida con 26 fiscales y quieren un fiscal en la comuna donde no hay seguridad y donde esta facultad es del Fiscal General de la Nación".
A su vez Penagos refutó la posición de la Policía por la demora en las órdenes de allanamiento y de capturas emitidas por los fiscales de la URI. "No es cierto que estas tarden tres o cuatro días", señaló la funcionaria.
En su trabajo integral entre las autoridades civiles, de Policía, militares y judiciales, el CI-2 reportó, hasta el 14 de noviembre, 203 capturas en flagrancia, 29 por orden judicial e incautó 42 armas de fuego y 119 municiones.
Sin embargo, el trabajo judicial en la comuna 13 sigue cojeando, según el secretario de Gobierno de Medellín, Juan Felipe Palau Ángel, quien hizo un llamado perentorio para que se nombre fiscal en propiedad para el CI-2.
"Reclamamos que el Fiscal General, en su sabiduría y de acuerdo a sus competencias, tome una decisión pronta porque estamos seguros que tener este funcionario de tiempo completo va a dejar mejores resultados en la comuna 13", sostuvo Palau.
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