En nuestro país son causa de preocupación los diferentes riesgos a que están expuestos cada día los niños, niñas y adolescentes, con graves consecuencias para su futuro; hechos que van desde la violencia intrafamiliar, las conductas de asedio y presión de grupo, el uso de armas, los combos delincuenciales, el consumo de sustancias psicoactivas, el alcoholismo, el tabaquismo, los trastornos alimentarios como la anorexia y la bulimia, la depresión y el suicidio, la explotación y el abuso sexual infantil, las infecciones de transmisión sexual y el aborto, sin que hasta la fecha se cuente con un tratamiento adecuado a estas problemáticas y menos una solución definitiva.
A pesar de los grandes esfuerzos del gobierno y de las distintas organizaciones, públicas y privadas, por apoyar y realizar distintas campañas y tareas orientadas a la solución de tan complejas situaciones, éstas no han sido suficientes, pues estudios demuestran la fragilidad y el peligro en que se encuentran nuestros jóvenes; por ejemplo en materia de fecundidad de adolescentes, la tasa mundial se estima en 49 por cada mil en el quinquenio 2000-2005, mientras en Colombia, la tasa de fecundidad en mujeres menores de 20 años fue en 2005 de 90 por cada mil; el inicio de las relaciones sexuales es aproximadamente a los 15 años; el 22% de las adolescentes están o han estado embarazadas y, se han constituido en la tercera causa de mortalidad infantil las complicaciones originadas por el aborto, con el agravante de que este procedimiento va en aumento.
Actualmente se viven experiencias dolorosas de acosos y maltratos sexuales con el infortunio de que familias y adolescentes se ven completamente limitados e incapaces para manejarlos y superarlos, por falta de una adecuada educación y de una eficiente y oportuna asesoría profesional, no obstante existir en nuestro medio algunos tímidos intentos de reglamentar los temas relacionados con la instrucción sexual, que parten del decreto 080 de 1974 en el que se incluyó dentro del plan fundamental de la educación media la temática de ”comportamiento y salud”; en el año de 1993 se establecieron, como componente obligatorio del servicio público educativo, proyectos institucionales de educación sexual. La Ley General de Educación fue modificada por la 1029 de 2006 en la que se consagró la enseñanza sexual obligatoria en todos los establecimientos que ofrecen educación formal, a partir del nivel preescolar hasta la educación básica y media, teniendo en cuenta aspectos como la edad y las necesidades afectivas, psíquicas y físicas, sin constituirse en una asignatura concreta, sino que se debía desarrollar a través de un proyecto educativo con base en los planes de estudio.
Con el propósito de que los niños y adolescentes tengan un conocimiento adecuado de sí mismos, que les permita elevar su autoestima, su bienestar físico, mental y social y que cuenten con una apropiada vida sexual, de respeto mutuo, de afectividad y en la prospectiva de que tengan derecho a una vida familiar y de pareja libre, sana, armónica y responsable y de prevenir cualquier riesgo en que puedan resultar afectados, cursa en el Congreso de la República un proyecto de Ley que busca impartir una Educación Sexual Integral, con contenidos diferentes para las etapas de preescolar, básica primaria, secundaria y media, a través de una asignatura especifica, obligatoria, que deberá ser evaluada y a la vez será prerrequisito para que los estudiantes puedan ser promovidos de un grado a otro.
Debe tenerse presente, una vez se apruebe la iniciativa y al momento de su implementación, que esta no admite improvisación ni en los contenidos temáticos y curriculares, ni mucho menos en el profesionalismo y sapiencia de quienes tengan la enorme responsabilidad de enseñarla. La preparación y escogencia de los docentes debe ser exigente y minuciosa para constituirse en prenda de garantía de que la educación que reciban nuestros niños y jóvenes esté acorde con su edad, condiciones emocionales y capacidades cognitivas, que sea de alta calidad y exenta de contenidos obscenos y maliciosos; por lo que los órganos que se crean en la ley deben ejercer estrictos controles y estar atentos al cumplimiento de la norma y de su espíritu, sin olvidar la responsabilidad que les corresponde a los padres de familia y a los mismos estudiantes.
