La Procuraduría General de la Nación destituyó a los responsables de las interceptaciones ilegales realizadas al exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia Iván Velásquez en 2009.
Se trata del intendente Ferney Enrique Galvis, funcionario de Antisecuestro del Gaula de la Policía en Fusgasugá; el investigador del CTI Aldo Francisco Pérez, y el centinela de la Guardia de la Policía de Cundinamarca Oswaldo Villamil Torralba, quienes fueron destituidos e inhabilitados por 15 años.
La decisión también cobija a Edwin Nicolás Acuña Chitiva, adscrito a la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional como analista en la Sala Escarlata Puma en la Dijin, quien fue destituido e inhabilitó por 12 años.
La investigación señala que el patrullero Acuña Chitiva denunció ante el director Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía que el agente Villamil Torralba lo abordó para que, con ayuda del intendente Galvis Rojas, les “colaborara” para tener el control de la línea celular del magistrado Iván Velásquez.
De acuerdo con la Procuraduría, Acuña Chitiva intervino en la interceptación a cambio del pago de dinero por parte del agente Villamil Torralba y el intendente Galvis Rojas.
El técnico “utilizó no solo su cargo, sino los medios de la institución, para que se diera dicha interceptación con la finalidad de entregarla a terceros sin ninguna justificación, pues nada tenía que ver la vida privada del afectado con la investigación que por secuestro y extorsión se estaba adelantando, lo que conlleva a que su conducta está revestida de ilicitud sustancial (…)”.
Igualmente, la Procuraduría estableció que el investigador del CTI, Pérez Yosa influyó en el fiscal 269 local de Bogotá para que se expidiera la orden de interceptación de dicha línea.
Lo mismo hizo el intendente Ferney Enrique Galvis Rojas ante un Fiscal Especializado delegado ante el Gaula de Fusagasugá y ante el jefe del Gaula de esa ciudad para que apoyara la solicitud de interceptación ante el coordinador de la sala de interceptaciones.
“En consecuencia, el 18 de agosto de 2009 el Fiscal Especializado de Fusagasugá y el Intendente Galvis Rojas solicitaron esta interceptación”, señaló la Procuraduría.
El Ministerio Público concluyó que Galvis utilizó su cargo e indujo a servidores para que fuera posible tanto la orden de interceptación del magistrado auxiliar, así como se ejecutara dicha orden en la Sala Puma.
“Si bien la orden de interceptación y la solicitud ante dicha Sala Puma, formalmente cumpliera con los requisitos establecidos, en realidad todo respondió a que de forma ilegal se conocieran los pormenores de la vida e intimad del ya señalado señor magistrado”, señaló la Procuraduría en la decisión.
En el caso de Villamil Torralba, la Procuraduría lo halló responsable de inducir al técnico de la Sala Puma, Acuña Chitiva, para que una vez ordenada la interceptación entregara los audios y omitiera informar lo que se estaba haciendo.
De acuerdo con la Procuraduría, Villamil Torralba entregó en agosto de 2009 a Chitiva 700 mil pesos para que suministrara los audios, “informando por el contrario a sus superiores que los abonados interceptados no habrían producido ninguna información de interés para la investigación penal que se adelantaba”.
Igualmente, Villamil Torralba comprometió al intendente Galvis Rojas al enviarle con el patrullero Acuña Chitiva 900 mil pesos para que obtuviera la orden de interceptación por parte del fiscal 020 Delegado ante el Gaula de esa ciudad bajo argumento de tipo extorsivo.
Contra esta determinación, procede el recurso de apelación.
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