El más reciente informe mundial de Naciones Unidas sobre el Índice de Desarrollo Humano, Sostenibilidad y equidad: un mejor futuro para todos, no solo reconoce los avances que ha hecho el país en asuntos fundamentales como cobertura educativa, en salud y mejor nivel de ingresos, sino que coincide literalmente con el amplio y valioso diagnóstico que el PNUD había hecho hace poco más de un mes sobre la Colombia rural.
Cruzar ambos informes es encontrar nuevos elementos que nos ayudan a entender por qué seguimos siendo un país desigual e inequitativo, pese a las inmensas riquezas naturales que poseemos. El primero: que la concentración en manos de unos pocos de la tierra y, por ende, de la riqueza, ha condenado al país rural a la exclusión y la pobreza.
Y es en ese punto que el informe mundial de Naciones Unidas llama la atención de la comunidad internacional: que son los más pobres los que más están sufriendo los rigores del cambio climático y la destrucción del medio ambiente, lo que pone en peligro los avances en materia de salud y mejores ingresos.
Dentro de muchos otros aportes que hace el estudio del PNUD, Colombia rural, razones para la esperanza, la creación por primera vez en el país de un Índice de Vulnerabilidad resulta fundamental para que el Gobierno pueda diseñar políticas públicas y programas de prevención que mitiguen los evidentes daños que en materia ambiental viene afrontando nuestro territorio.
Es una verdad de a puño que la sostenibilidad ambiental tiene una relación directa con la equidad y la justicia distributiva. El fenómeno social de la concentración de la población en las grandes ciudades, con deficientes políticas de planeación urbana y grandes daños a los ecosistemas, ha provocado buena parte de las tragedias ambientales en Colombia.
Y los más afectados, sin duda, han sido las personas de más escasos recursos que debieron abandonar sus tierras, no solo por el accionar de los grupos armados ilegales y narcotraficantes sino por una deficiente presencia del Estado para brindarles los mínimos vitales para su supervivencia. Esto es, acceso a los servicios públicos, a la educación y a la salud. Y, en un círculo vicioso, ese abandono ha contribuido a la concentración de la tierra.
De ahí que resulte fundamental que el Gobierno aproveche estos diagnósticos para comenzar una verdadera prosperidad democrática. Y el primer paso es entender que somos un país rural y que la tierra debe estar al servicio del conjunto de la sociedad y no en manos de unos pocos.
La reforma rural transformadora que propone el PNUD y que encaja dentro del llamado de Naciones Unidas para que la comunidad internacional revierta sus leyes del mercado hacia el desarrollo sostenible, debe comenzar con la firme decisión de avanzar en la recuperación del territorio que sigue en manos de los ilegales, proteger el regreso de los campesinos desposeídos de sus tierras, y acompañarlos con tecnologías limpias y sustentables para el mejoramiento de la producción agrícola.
Tenemos tiempo y, sobre todo, los recursos necesarios para evitar que las dramáticas imágenes que llegan de los niños que mueren de sed por las sequías en África, o ahogados bajo las lluvias en Centroamérica, sean parte también de nuestra realidad. Los estragos recientes del invierno son un campanazo de alerta.
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