El presidente Juan Manuel Santos salió al paso a las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez quien aseguró que en el país no hay garantías para algunos exfuncionarios de su administración a los que se les adelantan procesos judiciales.
Santos polemizó con el exmandatario y señaló que "Colombia es una democracia que funciona y las democracias que funcionan les dan garantías a sus ciudadanos, garantías de todo tipo".
Agregó que "estamos promoviendo que esta democracia funcione cada vez mejor. El Estado colombiano está en capacidad de proteger a cualquier persona que sienta que está en peligro su vida. No consideramos que existan razones para aducir lo contrario".
Las declaraciones de Santos se sumaron al revuelo político que generó el comunicado del expresidente Álvaro Uribe. Es claro que no cayó muy bien en el Ejecutivo, en algunos partidos políticos, ni en el poder judicial colombiano.
A raíz de la polémica que ocasionó el exmandatario desde el martes en la noche, ayer escribió en su cuenta de Twitter: "Toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia hasta que se le demuestre lo contrario".
El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, se sumó al debate enviando una dura carta al expresidente Uribe por la que consideró "una declaración ligera e irresponsable".
Ordóñez afirmó: "No le va en zaga su ilimitada imprudencia contra la institucionalidad, al expresar que la decisión contra el señor Bernardo Moreno fue por presiones de la Corte. Bástele leer con calma y sin apasionamientos los sólidos argumentos de los fallos de destitución y allí encontrará en grado de certeza la responsabilidad de sus subalternos".
Al referirse al comentario del expresidente Uribe, en el que afirma que "a Bernardo Moreno lo destituyen por cumplir el deber en medio de la coacción de la Corte sobre la Procuraduría", el Jefe del Ministerio Público subrayó que Álvaro Uribe "ignora que tengo el talante para absolver y sancionar a los servidores públicos y que como Procurador he ejercido mi deber de Estado sin ningún tipo de coacción o solidaridad".
Ordóñez le exigió a Uribe que "guarde la compostura propia de un expresidente de la República, no utilice indebidamente su calidad de exmandatario".
Todas las posturas
Mientras tanto, algunos analistas consideraron que las declaraciones del expresidente son pertinentes debido a que abren el debate. El abogado penalista Jaime Granados manifestó, en este mismo sentido, que "es necesario que hagamos un alto en el camino y reflexionar sobre hasta dónde se están dando las garantías con la politización de algunos sectores".
El abogado indicó que el comunicado de Uribe Vélez es el camino para hacer el relanzamiento de las garantías de todos los ciudadanos colombianos. "Creo que el comunicado que envió Uribe es una ocasión propia para abrir el debate", dijo.
El Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, anunció que el Gobierno Nacional garantizará las medidas de seguridad y de protección de los exfuncionarios que lo requieran.
"Si el exministro Sabas Pretelt regresa al país puede tener la certeza de que en su condición de exministro, además porque me lo ordena el decreto 1740, podrá gozar de la protección que el Ministerio le ofrece garantizándole su seguridad e integridad física y personal".
Igualmente, el alto funcionario informó que la Sala Penal de la Corte Suprema tomó la decisión de que se designen conjueces que garanticen la independencia del proceso que se adelanta contra Pretelt de la Vega.
El Fiscal General de la Nación (e), Guillermo Mendoza, le dijo a Colprensa que "no es posible sostener que las actuaciones judiciales sean caprichosas" y que, en el caso de la investigación contra María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, "se han sustentado en evidencias exhibidas públicamente".
A su turno, el presidente del Congreso, Armando Benedetti, dijo que en Colombia sí hay garantías para las personas investigadas y procesadas por la justicia. "Yo creo que hay garantías, que hay justicia, pero también entiendo lo que dice el expresidente Uribe en el sentido de que se ha querido hacer política con la justicia".
Afirmó que las personas que están pidiendo asilo deberían quedarse en el país respondiendo por sus actos como sujetos de un estado de Derecho que les da garantías para su defensa".
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