Ni en el Congreso de la República, ni en la Corte Constitucional, el referendo reeleccionista está asegurado, dice el constitucionalista y catedrático universitario Tulio Elí Chinchilla.
Para Chinchilla, si la iniciativa popular pasa en el Congreso, también pasaría en la Corte, pero por asuntos de tiempo, para la reelección de 2010, la consulta prácticamente está con sus días contados.
En una carrera contra el reloj para que la reelección sea posible en 2010, la iniciativa debe tener la firma de los conciliadores a más tardar el 18 de agosto, después de este día pasaría a sanción presidencial, donde se demora 8 días. La Corte tiene 90 días para tomar la decisión, la Procuraduría requiere de 30. Además, es necesario hacer un mes de audiencias públicas y el Registrador pide 3 meses para organizar toda la logística.
Punto a punto, las cuentas no dan. En el Congreso el ambiente es complejo, no hay voluntad política y los congresistas afines al referendo ahora no son mayoría.
Considérese que la Corte le dé el visto bueno y en un tiempo menor al que le permite la ley lo pase a la Procuraduría General de la Nación y ésta también lo apruebe, la infraestructura para el veredicto del Pueblo también tiene sus complejidades por el montaje de las mesas, la convocatoria, entrenamiento de los jurados, etc.
Hasta aquí en asuntos mecánicos y con una iniciativa viento en popa, cosa casi que imposible porque hoy se mueve en medio de borrascas legales.
Para los entendidos en materia constitucional como Chinchilla, las posibilidades de que la Corte le dé el visto bueno son complejas. Primero, se tomará los tres meses que le da la ley para pronunciarse, pues es mucha la discusión que está en juego.
Según Chinchilla, lo más probable es que, por tratarse de una iniciativa popular, la Corte trate de ser lo menos exigente posible en un análisis de fondo y se concentre en el análisis procesal para conceptuar si se respetaron todos los pasos necesarios y los requisitos de forma.
Diferente es que el alto tribunal entre a debatir el contenido del referendo, que al garantizar una segunda reelección también permitiría una excesiva concentración de poder en el Ejecutivo.
¿No estará, de alguna manera, desequilibrando toda la separación de poderes y poniéndose en manos del Presidente una concentración excesiva de organismos que tienen que ser independientes?, ¿no concentrará esto demasiado la autoridad? Ese análisis lo puede hacer la Corte y puede llegar a la conclusión de que definitivamente es un riesgo para el modelo constitucional y el Estado de Derecho una segunda reelección y en ese caso, tendría que declararlo no ajustado a la ley. La discusión será dura y profunda, precisa.
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