Sin pecar de pesimista ni pasar por ave de mal agüero, es de advertir que el orden público en el departamento de Antioquia, y especialmente en Medellín y su área metropolitana, va de mal en peor, con el crecimiento de bandas delincuenciales, apoyadas por el narcotráfico o por algunas facciones de la guerrilla y del paramilitarismo que han ido explayándose por los municipios y por la ciudad, especialmente en los barrios periféricos donde se vive una compleja situación social.
Al observar las frías estadísticas de homicidios, hurtos, lesiones personales, violaciones, extorsiones etc., elaboradas por diferentes entidades oficiales en el último año y comienzos del 2010, aunque unas conservadoras y otras más reales, no podemos menos que sentir escalofrío, pues muestran que el grave deterioro de la seguridad que creíamos estaba en vía de superación a través de las políticas estructuradas desde el Gobierno nacional y la Alcaldía, hoy es de una magnitud alarmante y preocupante; y no comprendemos por qué el orden público sufre tal retroceso y vuelve a presentar cifras similares o superiores a las registradas en las décadas de los ochenta y noventa.
La guerra que se libra por el dominio territorial en algunas zonas de la ciudad y del Área Metropolitana, supera lo previsible, por un enfrentamiento entre bandas conformadas en la mayoría de los casos por menores de edad, desempleados, negociantes de vicio, extorsionistas y milicianos, que en una lucha sin cuartel a cualquier hora del día y con cualquier tipo de armas convierten las calles de los barrios en un campo de batalla.
Es tan grave la situación de la ciudad que la actual campaña para el Congreso de la República ha sido afectada gravemente, ante la imposibilidad de que los candidatos realicen su proselitismo de manera libre y de cara a sus posibles votantes, ya que en algunos barrios o comunas se les impide el acceso, salvo que obtengan la autorización de ciertos combos, previas conversaciones y la entrega de prebendas.
No se puede desconocer la realidad, ni las autoridades llamarse a engaño porque algunos sectores reclaman medidas de fondo que superen la actual coyuntura de criminalidad y la crisis de gobernabilidad que está dando la imagen de que la institucionalidad es débil y carece de medios para someter a la delincuencia.
Ante estas circunstancias tampoco podemos darnos el lujo de seguir improvisando medidas como la de involucrar en el conflicto a jóvenes estudiantes en calidad de informantes, ya que ahondaríamos la guerra y sacrificaríamos a nuestra juventud. Por el contrario, a este conflicto sin sentido hay que arrebatarle las acostumbradas víctimas como son los niños y jóvenes y brindarles a éstos todas las oportunidades de salir adelante a través de un proceso educativo y de formación en valores morales y principios éticos, respeto a la vida y solidaridad.
Al Alcalde y a su gabinete los debemos rodear y apoyar sin vacilaciones y con hechos, para que su bien intencionado gobierno no siga dando muestras de impotencia ante esta oleada de criminalidad y de inseguridad. No es hora de recriminaciones ni de debates politiqueros ad-portas de elecciones, busquemos ser parte de las soluciones y reconozcamos que como ciudadanos nos corresponde algún grado de culpa en el actual estado de descomposición social de la ciudad-región, incubado en la indiferencia ante la marginalidad, la injusticia, el desempleo y la inequidad.
Halemos para el mismo lado de las autoridades, cooperemos para que sus decisiones y recursos generen la seguridad, la convivencia pacífica y el progreso que todos los antioqueños anhelamos.
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