El próximo lunes se sabrá a ciencia cierta si el Ministerio de Comercio atiende los llamados ingentes y observaciones de los confeccionistas del país que se oponen a las modificaciones al Decreto 074 de 2013, vigente desde el primero de marzo pasado.
La medida dispuso cobrar un arancel del 10 por ciento para prendas y calzado más 5 dólares por kilo bruto, con el fin de "poner freno al contrabando técnico, y a importaciones que están llegando al país a precios irrisorios y se constituyen en una competencia desigual para el producto nacional", explicó el ministro Sergio Díaz-Granados.
La misma cartera sometió a comentarios hasta la medianoche de hoy viernes, las modificaciones al decreto que amplían la excepción de la medida de solo los países con TLC a todos los que tienen con Colombia "acuerdos comerciales internacionales vigentes".
"Hay presiones de agentes del mercado como las grandes superficies y comercializadores que compran su mercancía importadas y este arancel les aumenta el costo", comenta Carolina Blackburn Villota, directora de la Cámara Colombiana de Confección y Afines (Ccma).
Para ella, el decreto no es proteccionista, sino que ayuda a corregir distorsiones del mercado, al punto que es "una de las pocas medidas oficiales realmente efectivas para el sector" al generar 3.000 empleos en el país en solo dos meses y medio.
En igual sentido, la Cámara de Algodón, Fibras, Textil y Confecciones de la Andi calificó de "inconveniente volver a cambiar las reglas de juego" y espera que el Gobierno mantenga intacto el decreto que disminuye "la competencia desleal para todo el comercio legal de la industria".
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