Hace doce años los habitantes de la Comuna 13 se recuperaban de los estragos que causó la Operación Mariscal. Aunque los periódicos dieran cuenta de los días de pavor vividos a finales de mayo de 2002, y contaran los muertos y los heridos, la polémica operación no fue reprobada ni por los mandos militar y policivo, ni por los gobiernos saliente (Pastrana) y entrante (Uribe). Por el contrario, la operación sirvió de prototipo para diseñar una sucesión de acciones represivas que terminarían con la oficialmente alabada Operación Orión, en octubre de 2002, dejando un largo rastro de muerte, desaparición y desplazamiento forzado, y teñida por horribles lazos de connivencia entre paramilitares y autoridades.
Hoy, la gran mayoría de personas recuerda esas operaciones con una mirada apacible; resulta cómodo no saber lo que pasó y negar el sufrimiento de las víctimas de la Comuna 13. Hoy, doce años más tarde, muchos creen que el brigadier general Leonardo Gallego fue injustamente sancionado. Hoy, el entonces brigadier general Mario Montoya sigue siendo un héroe.
La actuación de la Policía en el marco de la Operación Mariscal fue una barbaridad. No lo digo yo, lo dicen los oficiales del Ejército Nacional que estaban en el terreno en ese momento. Cuatro capitanes de distintas unidades militares que hicieron parte de la operación remarcaron la falta de control de la munición por parte de la Policía y el uso indiscriminado de una ametralladora M-60 con la cual un agente de policía apoyaba a las unidades desde una gran distancia. Esas apreciaciones hacen parte del expediente disciplinario.
La Operación Mariscal fue planeada y ejecutada por la Policía y el Ejército, con el fin de "realizar el mayor número de capturas e incautaciones de personas y elementos comprometidos en actividades ilícitas" en la Comuna 13. Según el expediente disciplinario, Gallego impartió la siguiente orden: "Hay que arrestar a todo mundo, después vemos a ver quién no tiene nada que ver para que quede libre y los que están implicados siguen detenidos (sic)".
Las detenciones fueron pocas y las que se realizaron fueron un fiasco. El parte oficial es penoso. Fueron heridos 38 habitantes de la comuna y muertas nueve personas, incluyendo cuatro niños. De los 39 allanamientos realizados se recuperaron dos pistolas, una escopeta, un revólver, un changón y alguna munición. Hay otros elementos incautados, pero resultan irrelevantes. Se efectuaron 41 retenciones y solo 16 personas fueron judicializadas, muchas por delitos como el de inasistencia alimentaria.
No minimizo la gravedad de la situación de la Comuna 13 en ese momento. Soy consciente de la ausencia estatal y del control de algunas de las zonas por bandas y pandillas, al igual que por grupos insurgentes. Esa situación objetiva nada tiene que ver con la pésima actuación estatal.
Hoy, doce años después de la Operación Mariscal y puesta en marcha la nociva alianza del poder público con el poder paramilitar para "pacificar" a la Comuna 13, los invito a considerar, en vez de la idílica versión de éxito en materia de seguridad, que el fin no justifica los medios. El supuesto modelo de seguridad de la Comuna 13 se montó sobre los cuerpos de los ejecutados, el espectro de los desaparecidos, el miedo de los habitantes, y las lágrimas de miles de personas quienes hoy proclaman, como muestra de su resiliencia: ¡soy Comuna 13, sin olvido…
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