El fracaso en la gestión pública para que el 98,5 por ciento de los colombianos tuviera acceso al acueducto y alcantarillado, a través de los Planes Departamentales de Aguas (PDA), ocasionó la creación del programa Aguas para la Prosperidad, que prometió avanzar en el cumplimiento de la meta, pero que hoy sigue sin solucionar los problemas de saneamiento en el país.
Para 2011, según el Ministerio de Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, en aplicación del PDA (creado en 2005), solo se habían iniciado proyectos por 505.000 millones de pesos, cuando lo que se preveía en inversión era de 11 billones de pesos para solucionar los problemas de agua en los municipios del país.
Es decir, la política de aguas había fracasado rotundamente, según el informe de la Contraloría General de la República del año pasado, porque ni las gobernaciones ni las alcaldías presentaron los proyectos para la cabal atención de las poblaciones.
De 1.290 proyectos que se debían aplicar, 796 nunca se presentaron, 343 se consideraron inviables, 125 se devolvieron a los entes territoriales para que realizaran ajustes y 26 estaban en estudio, indicó en su momento el Ministerio de Medio Ambiente.
Ante este panorama, las entidades territoriales le tiraron el agua sucia al Consejo de Estado, que al no permitir el uso de vigencias futuras con el propósito de asumir el desarrollo de proyectos de infraestructura, como es el caso de agua potable y saneamiento básico, los dejó sin recursos para invertir en los proyectos de los planes de agua.
Ante el fracaso de la herramienta, que se apoyaba en las vigencias futuras, el Gobierno Nacional decidió darle un vuelco y, a finales de 2011, le cambia el nombre por el de "Aguas para la Prosperidad", que intenta quitarle la responsabilidad a los entes territoriales y otorgársela a empresas "prestadoras de servicios especializados", según la ministra de Vivienda, Beatriz Uribe.
Lo que había que hacer era "una estructura más liviana, más descentralizada, más ágil y lo más importante, promover la participación del sector privado no solamente en la construcción, sino en la operación de los sistemas de manera sostenible" señaló Uribe.
La financiación se da mediante regalías y recursos de crédito, siguiendo los conceptos del Consejo de Estado.
Sin embargo, el programa sigue sin despegar y aunque en días pasados el viceministro de Agua Potable, Iván Mustafá , dijo que en este gobierno se han beneficiado "2,3 millones de colombianos", reconoció que aún hay 4 millones de colombianos sin agua potable y 7 millones sin alcantarillado.
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