"Si el tema polémico por el uso de las cesantías para pagar los servicios de salud no queda claro, le pediré al Congreso que derogue el artículo, siempre y cuando se salve la reforma".
Con estas palabras, el presidente Álvaro Uribe, anunció, a través de RCN Radio, que estaría dispuesto a echar para atrás el más controversial de los 15 decretos expedidos en el marco de la Emergencia Social.
Lo hizo a través de un llamado al Congreso para que revise la emergencia social con "el más positivo criterio y nunca para derogarla".
Este anuncio se suma a los realizados la semana pasada en torno a la práctica médica, otro de los temas agrios en la reforma, cuando reglamentó el decreto 131 que en su concepción inicial planteaba sanciones a los médicos que no se rigieran por una guía de procedimientos.
Por la baja complejidad
El ministro de la Protección Social, Diego Palacio Betancourt, advirtió ayer que el nuevo Plan Obligatorio de Salud (POS) dará prioridad a los niveles de baja complejidad o a los servicios básicos de atención en salud.
Según el Ministro, la actualización del POS tendrá como base la misma que ahora está disponible y que le dará prioridad a los servicios de atención primaria y baja complejidad, en el que hay 22 millones de afiliados.
La medicina especializada o de mediana y alta complejidad será aprobada cuando se cuente con la evidencia científica que la justifique por parte del Comité Técnico Científico.
Palacio aseguró que detrás de las personas que están contra los decretos de la Emergencia Social, que busca medidas para salvar el sistema de salud, se encuentran intereses económicos y políticos y un gran desconocimiento de éstas.
El viceministro Técnico de esa cartera, Carlos Jorge Rodríguez, afirmó que tratamientos alternativos, estéticos o suntuosos no serán realizados con cargo al sistema de salud. Con ello, el gobierno le cierra el paso a las tutelas o reclamaciones judiciales que se adelantaban en torno a ciertos tratamientos como prótesis de pene, cirugías de cambios de sexo, depilaciones definitivas, cirugías de la nariz y balones gástricos, simplemente con fines de embellecimiento.
"Había algunas tutelas dentro del sistema de salud encaminadas a pagar colegios, a pagar centros de formación o a que se subsidiaran cursos de idiomas; sin ninguna duda son productos que no debería solventar el sistema que sufragamos los colombianos", señaló.
Según el funcionario, "aquellas prestaciones que no cuenten con evidencia científica o que estén en fase de experimentación" no se podrán aprobar, por lo que tratamientos alternativos como terapias con animales, usadas en la atención de menores autistas o con retraso mental, quedarían restringidas. Rodríguez apuntó que "no hay evidencia de que esto realmente produzca beneficio al paciente. Si se da la evidencia de que eso es beneficioso, que su condición de salud mejora y que el sistema de salud debe cubrir eso, entonces se pagarán".
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