Que no le echen cuentos. Si su parcela, casa o negocio está dentro de la reserva forestal protectora del río Nare, pero cumplió con todas las de la ley, ni Corantioquia, ni Cornare, ni las autoridades municipales, ni el Viceministerio de Ambiente llegarán a destruirle su patrimonio.
El parte de tranquilidad es de Claudia Mora Pineda, viceministra de Ambiente, y de Luis Alfonso Escobar Trujillo, director de Corantioquia. Pero no es cien por ciento seguro. Ambos funcionarios reconocen que falta ver cómo decide el Juez la acción popular que está pendiente, en la que ambas entidades figuran como demandadas y frente a la cual se defienden como un solo cuerpo.
Hay un espejo que tiene a los implicados con los pelos de punta. En Bogotá, la orden de un Juez de volver a su estado natural los cerros orientales afecta a más de 60 barrios de diversos estratos. El pleito es largo, traumático y está en apelación ante el Consejo de Estado.
En el caso regional, las corporaciones autónomas ya le entregaron al Minambiente unos documentos técnicos que le servirán a éste último para expedir una resolución que redelimite la reserva forestal y descongele la expedición de licencias de construcción, lo cual debe ocurrir este mes de junio.
Ambos funcionarios confirman que en 1970 el Inderena trazó la reserva con una extensión de 118 kilómetros cuadrados, pero mediciones recientes dan una cobertura de 150 kilómetros cuadrados, de los cuales no todos ni eran, ni son, propiamente un mar verde.
Se calcula que como reserva forestal protectora quedarían ahora 67 kilómetros cuadrados. Así mismo, 45,5 kilómetros cuadrados se sustraerían de ella, con el fin de facilitar desarrollos urbanos y rurales, de acuerdo con las vocaciones que se establezcan.
La mala noticia es que un 25 por ciento de la reserva, equivalente a 37,5 kilómetros cuadrados, se lo comió la acción depredadora del hombre. La palabra la tiene el señor Juez.
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