Ahora que está de moda en los Estados Unidos el tema de las campañas de seguridad de los vehículos y del control del Estado a los fabricantes e importadores para proteger la seguridad de los pasajeros, es oportuno echarle un vistazo al régimen legal colombiano en este tema.
Es una obligación de los productores de vehículos comunicarle inmediatamente a la Superintendente Delegada para la Protección del Consumidor y Metrología que ha detectado que uno de sus modelos tiene un defecto que puede poner en peligro la vida o la seguridad de los pasajeros. Informarle cuál es el universo de los vehículos defectuosos identificándolos por su número de serie, cómo va a solucionar el problema mediante una campaña de seguridad, en dónde están ubicados los concesionarios y los talleres autorizados de la marca que adelantarán la campaña sin costo para el consumidor, la forma como le va a avisar a los propietarios sobre la existencia del problema, el tiempo aproximado que toma la reparación y el plazo estimado de la campaña de seguridad.
Ante un aviso como ese el Superintendente puede ordenarle que paren las ventas del vehículo durante uno o dos meses mientras investiga lo que esta sucediendo.
No están reglamentados aspectos importantes de las campañas de seguridad, como por ejemplo el porcentaje de éxito que debe alcanzar el productor al ejecutar la campaña, y si están obligados a atender a un propietario rezagado cuando ya no existe la infraestructura que se montó para la misma.
En general, todos los productores prefieren curarse en salud atendiendo a los que llegan tarde, pues es un atenuante de responsabilidad en caso de que suceda un siniestro.
En el proyecto de reforma del Estatuto del Consumidor que cursa en el Congreso para tercer debate, se crea una figura muy drástica para proteger en estos casos al consumidor. Si un miembro de la cadena de valor se da cuenta de que un producto fabricado, importado o comercializado por él tiene un defecto que pone en riesgo la seguridad de las personas, debe retirarlo del mercado e informarle la situación a la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los 3 días siguientes, "y si no lo hace así será responsable solidariamente con el importador o ensamblador por los daños que se deriven de la falla".
Como se ve, no está mal la legislación presente y futura, en materia de campañas de seguridad y calidad.
*Abogado experto en derecho del consumidor automotriz
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