La condena de 40 años de prisión impuesta por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al ex gobernador de Sucre, Salvador Arana, es una dura sentencia, pero muestra la voluntad de la justicia colombiana para que los crímenes de lesa humanidad, cometidos por los grupos armados ilegales, no queden impunes.
Es la primera en el caso de la "parapolítica" que acoge la decisión de la Corte Suprema en el sentido de que los políticos que estuvieron vinculados o favorecieron el accionar de los grupos de autodefensas también paguen por los crímenes cometidos por estas organizaciones al margen de la ley.
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