En julio de 2025 vencen los términos para que la investigación al gerente de la campaña de 2022 y al propio presidente Gustavo Petro avance o concluya definitivamente sin ninguna consecuencia; esto último es lo que ha pasado tradicionalmente con todas las campañas presidenciales tanto en el Consejo Nacional Electoral como en la Comisión de acusaciones del Congreso. Incluso en casos tan evidentes como el del megaescándalo de corrupción de Odebrecht en el Gobierno Santos o en el de Duque.
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A pesar de que en las dos últimas presidencias hubo condenas penales por la financiación ilegal y no reportada, a los presidentes ninguna institución los tocó. Tampoco pasó con el caso de Samper y los recursos del Cartel de Cali en los noventa; luego es probable que en esta investigación tampoco pase mucho. Pero en Colombia siempre hay sorpresas.
La campaña de Petro tuvo enormes vacíos y acciones cuestionables que terminaron trascendiendo en las investigaciones judiciales. Por un lado, el país conoció los sorprendentes audios de Nicolás Petro en conversaciones de pareja con Day Vásquez. Allí ambos hablaban de los aportes del Turco Hilsaca y Santander Lopesierra por alrededor de 1.000 millones de pesos. Ambos personajes son hombres poderosos de Bolívar y La Guajira que en el pasado tuvieron problemas con la justicia. Lopesierra era famoso por el contrabando y fue condenado en Estados Unidos y el Turco Hilsaca estaba siendo investigado por relaciones con paramilitares y homicidios en Cartagena. En este último caso fue absuelto hace algunas semanas.
Los recursos presuntamente no llegaron a la campaña y se quedaron en los bolsillos de Nicolás, que tenía ingresos por 200 millones de pesos al mes teniendo un salario de diputado de la Asamblea Departamental de no más de 20 millones, de acuerdo con la Fiscalía.
Pero en la investigación de la campaña este era el problema más pequeño. La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de imputar cargos al presidente y al hoy gerente de Ecopetrol, Ricardo Roa, vino con un documento que recopiló todas las pruebas. La investigación la desarrolló especialmente el magistrado Benjamín Ortiz. Los hechos más graves de la indagación de Ortiz tienen que ver con la facturación modificada de los vuelos que contrató la campaña con la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (SADI)- esta última relacionada con un narco-. Y los pagos a testigos electorales que tampoco se registraron debidamente en las cuentas.
En el expediente está claro que la campaña del presidente usó los servicios SADI así como lo hizo la otra campaña que era la del Pacto Histórico al Congreso con sus candidatos. El documento de los magistrados investigadores señala que pudo haber una manipulación de las facturas de SADI para no violar los topes.
“La empresa SADI genera la factura SA 4862 el 28 de mayo de 2022, es decir un día antes de las elecciones de primera vuelta por valor de $ 4.014.804.576, para posteriormente ser anulada y generar una nueva factura SA 4876 del 29 de mayo de 2022 por valor de $ 2.270.000.037, la que a su vez también es anulada para generar la factura SA 4877 del 30 de mayo de 2022 por valor de $ 2.770.000.017, por lo tanto se evidencia una disminución de las horas de vuelo y eliminación de conceptos inicialmente causados en la factura SA 4862. Esta conducta obedece a una posible manipulación de cifras con el fin de no vulnerar el límite tope de gastos establecidos por la Corporación”, se lee en el texto de la solicitud de formulación.
El caso de los testigos electorales es igual de grave. La investigación señala, luego de entrevistas a varias personas involucradas en la campaña, que sí hubo pagos a testigos en todo el país -que no habrían sido reportados a las cuentas de gastos- para que estuvieran en los principales centros de votación validando el reconteo y la revisión de los formularios en las mesas electorales.
Uno de los coordinadores de la campaña en Arauca dijo que se asignó un valor a cada testigo que fue pagado a través de Super Giros en las cuentas de las personas. “Hubo una asignación que se les dio a los testigos para efectos de gastos de alimentación y transporte del día E. Entiendo yo que a través de una empresa de giros les llegaba a su cuenta personal a través de esos giros la asignación o valor que se les asignaba”.
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Otro de los coordinadores dijo en entrevista con los magistrados que al 70 % de los testigos se les pagó para refrigerios y transporte también a través de Su red. Según esas mismas declaraciones, la persona que estuvo a cargo de la organización y el pago de los testigos fue el catalán Xavier Vendrell en una relación directa con la empresa Ingenial Media. Vendrell hizo además las capacitaciones de los formularios para los testigos de todo el país.
La campaña de Petro habría contado con alrededor de 73.000 testigos para la primera vuelta. Todo esto sin hablar de la factura de Caracol Televisión para una pauta electoral por la que el mandatario también señaló indebidamente al grupo de medios de querer tumbarlo. Por estos hechos y su gravedad, Petro escogió la estrategia de señalar de enemigo al CNE y al Congreso y ahondó en su argumento del “golpe de Estado” y el “golpe de blando”. Pero en el mundo del presidente ese sigue siendo un deseo inconcluso que parece no caber en las instituciones del país.
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