La eventual concentración de los combatientes ilegales en áreas acordadas por el Gobierno parece no tener reversa, en plena campaña electoral, a pesar de las suspicacias que han despertado los procesos con el Clan del Golfo y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
En una conversación con los periodistas de Blu Radio en la mañana de este jueves, Ricardo Giraldo, el asesor jurídico del Clan del Golfo, defendió la concentración de combatientes en las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) decretadas por el Gobierno, un asunto que ha generado controversias jurídicas en la última semana.
“Esto viene a ser un programa piloto de qué tiene el Estado de oferta institucional para los combatientes y para las comunidades donde ellos tienen presencia (...). Es una fórmula de tránsito hacia la legalidad del combatiente”, afirmó el jurista.
Según Giraldo, serían 500 y no 400 — como lo había indicado el Gobierno — los miembros de la organización que se desplazarían hacia las dos ZUT acordadas, en Tierralta (Córdoba) y Nuevo Belén de Bajirá (Chocó).
El grupo ilegal cuenta con cerca de 10.000 combatientes y miembros de redes de apoyo logístico en 23 departamentos de Colombia, la mayoría de los cuales quedarán expectantes frente al resultado del experimento con los primeros 500.
Es importante recordar que la Presidencia de la República le había solicitado a la Fiscalía la suspensión de 29 órdenes de captura a integrantes del Clan, para facilitar su tránsito a estos territorios.
Sin embargo, el ente acusador negó la petición, alegando falta de información sobre cada uno de los solicitantes y respeto por los acuerdos internacionales, dado que 13 de los implicados son requeridos por la justicia de Estados Unidos. Dicha decisión fue respaldada por la Corte Suprema de Justicia.
“La fiscal no tiene competencia para decir de cuáles se abstiene y de cuáles no”, acotó Giraldo, y argumentó que la concentración de los combatientes está avalada por la Ley de Paz Total de 2022 y que la potestad es del presidente.
La concentración en la ZUT está programada para el próximo 25 de junio, es decir, justo después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
De manera inicial, a Tierralta y Bajirá se desplazarían integrantes de los frentes que delinquen en Chocó, Antioquia y Córdoba.
La ZUT de Putumayo será la primera en instalarse
De otro lado, en los micrófonos también fue escuchado Armando Novoa, el jefe de la delegación del Gobierno Nacional en la mesa de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, la disidencia de la Segunda Marquetalia.
Según él, a finales de mayo debe comenzar la concentración de los combatientes en la zona rural del municipio de Valle del Guamuez, en Putumayo.
“Las obras para permitir el ingreso de los 100 primeros miembros del grupo se están adelantando. Vamos a tener unas adecuaciones muy similares a las zonas temporales que se crearon en el Acuerdo de Paz de 2016”, dijo. Esto incluye viviendas básicas, baños, cocinas y un salón social, como mínimo.
Novoa indicó que los combatientes entrarán con atuendo de civil y que su arsenal será entregado a alguna entidad encargada de la verificación y el monitoreo, como la MAPP-OEA.
El cálculo de las autoridades es que la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano cuenta con 1.800 integrantes aproximadamente, divididos en dos facciones: la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los Comandos de Frontera.
La vigencia de la ZUT será de 10 meses prorrogables, según la decisión del próximo gobierno, que evaluará en su momento los resultados.
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El presidente Gustavo Petro ordenó acelerar la implementación de las ZUT, ad portas de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, lo que ha sido interpretado por la oposición como un intento de ganarse el favor electoral de los actores armados, en beneficio del candidato del continuismo, Iván Cepeda.
Petro ha rechazado esa suposición, alegando que solo busca consolidar los procesos de paz que ya tienen avances.
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