El Consejo de Estado rechazó una solicitud de medida cautelar que pretendía suspender el pago de salarios y prestaciones sociales al congresista Wadith Manzur, argumentando que la petición “carece de objeto” en la actualidad.
El tribunal determinó que los fines de “protección a la moralidad pública y al tesoro nacional” ya fueron cubiertos por la Corte Suprema de Justicia, que suspendió al legislador de su cargo el pasado 11 de marzo.
La decisión del alto tribunal administrativo responde a un proceso de pérdida de investidura contra Manzur. El accionante buscaba que se detuviera cualquier pago al congresista conservador mientras avanza su proceso judicial.
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No obstante, el fallo concluyó que, al existir ya una medida de aseguramiento privativa de la libertad y una suspensión del cargo ordenada por orden judicial, “no es necesario decretar una medida adicional sobre sus emolumentos”.
Manzur permanece detenido en la Escuela de Carabineros de la Policía, luego de que el pasado 12 de marzo se hiciera efectiva una orden de captura en su contra.
Un día después, también por el caso de la UNGRD, la congresista Karen Manrique se entregó voluntariamente a las autoridades. Actualmente permanece recluida en la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en Bogotá.
A pesar de su situación jurídica, el dirigente político cordobés fue elegido como senador para el periodo 2026-2030 en los comicios del pasado 31 de marzo.
El senador Wadith Manzur y la representante Karen Manrique enfrentan prisión preventiva y llamado a juicio por decisión de la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso que adelanta por cohecho impropio en el caso de la UNGRD.
Según el expediente, ambos habrían condicionado su función pública en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público para que el Ministerio de Hacienda intercediera en la adjudicación de proyectos en Saravena, Cotorra y El Carmen de Bolívar, financiados con recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
En el mismo proceso, el alto tribunal mantiene investigación —aunque en libertad— contra los congresistas Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Liliana Bitar y el excongresista Juan Diego Muñoz.
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Para sustentar sus decisiones, la Corte recopiló evidencia a partir de chats y testimonios que, según la investigación, mostrarían cómo Manzur presionaba a la exasesora del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides para concretar contratos antes de sesiones clave.
EL COLOMBIANO, el pasado 16 de marzo, dio a conocer la ponencia de 1.020 páginas elaborada por el magistrado Misael Rodríguez, en la que la Corte Suprema de Justicia sustentó la decisión de ordenar la captura de los representantes Wadith Manzur y Karen Manrique.
Una de esas conversaciones por aplicaciones de mensajería, cuyos chats están en poder de la Corte Suprema, tuvo lugar el 11 de octubre de 2023 entre Manzur y Benavides.
Después de saludarla, el congresista cordobés le dice por escrito a Benavides que “cuándo llega el ministro”, haciendo referencia a Bonilla. Ella le responde que el lunes en la tarde, a lo que Manzur le contesta que es “importante que pueda hablar con él antes de haya ponencia”.
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Luego el congresista le pregunta por el día en que se radicaría ponencia, ella le contesta que se anuncia el martes y se vota el miércoles. “Dios mío. Yo necesito hablar con él (ministro Bonilla)”, dice Manzur.
A lo anterior, María Alejandra Benavides responde que “ese viaje era importante. Yo le dije el viernes antes de que viajara”. A ello, Wadith Manzur dijo que “de verdad sino no va a funcionar nada Mariale. Solo te dejo la constancia por acá”.
La hoy exfuncionaria le contestó: “Repre yo le dije, pero después cogió un avión. Ni yo he podido hablar bien con él”.
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El congresista le dijo que “bueno, pero de todas maneras te lo tengo que decir porque el miércoles hay sesión y cuando las cosas no salgan no digan después que uno es problemático”. Benavides le contestó: “Yo estoy haciendo lo que puedo, pero que hago si él no está?”.
Para la Corte, las pruebas permiten sostener que Wadith Manzur se encontraba expectante frente a la respuesta del ministro Ricardo Bonilla González ante su propuesta —probablemente presentada el 4 de octubre junto a Bitar Castilla—, la cual, como ya se había reseñado, le había sido comunicada al jefe de la cartera de Hacienda antes de su viaje a Marruecos.
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