La Registraduría Nacional del Estado Civil publicó la resolución 6865 de 2025, que establece las normas para la elección de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) —conocidas como las curules de víctimas— en los comicios legislativos de 2026.
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EL COLOMBIANO habló con dos de los actuales representantes: Diógenes Quintero —representante de la curul de víctimas del Catatumbo— y John Jairo González Agudelo —representante de la curul de víctimas de Antioquia—, sobre los retos de las próximas elecciones y el balance de lo que fue el periodo 2022-2026.
¿Han servido las curules de víctimas en Colombia? Aún enfrentan retos.
En cuanto al momento legislativo que está a punto de acabar (quedando solo un año), tanto Quintero como González están de acuerdo en que las curules eran necesarias, pero cuatro años no son suficientes para poner sobre la mesa las necesidades de las víctimas en los municipios.
”No tenemos la fuerza institucional que tiene un partido político y eso sin duda nos deja en desventaja en el Congreso (...) todos sabemos que el Congreso es un escenario de mayorías, es un escenario bastante hostil, sobre todo con quienes llegamos nuevos y estamos representando a un grupo tan particular”, explicó Quintero.
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Por su parte, González aseguró: “Es difícil hacer en 4 años lo que no hicieron los dos Gobiernos anteriores”, refiriéndose a los puntos claves del acuerdo de paz, que incluye, por su puesto, la reparación a las víctimas y un alto al conflicto. Dos elementos que no se han dado.
Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el 2025 está cerca de convertirse en el peor año de la última década en cuanto a consecuencias humanitarias. Cerca de 134 mil personas fueron desplazadas o confinadas forzosamente durante el primer semestre del 2025, y las cifras de heridos y muertos por minas antipersonas aumentó en un 145% con respecto al año pasado.
Para Quintero, esto ha sido decepcionante. “Pensábamos que este iba a ser un Gobierno donde íbamos a tener incidencia, participación, donde íbamos a ser escuchados porque representábamos esas voces de los territorios y sobre todo la población víctima del conflicto armado, pero no nos abrieron esas puertas”, aseguró.
Quintero aseguró, además, que los logros de los representantes en estas curules han sido fruto, únicamente, se su esfuerzo.
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En los tres años que llevan, lograron sacar adelante la Ley 1448, también conocida como “Ley de víctimas”; lograron un mayor presupuesto destinado a atender a las víctimas del conflicto armado y están tramitando un proyecto que busca prorrogar el tiempo de los programas de desarrollo con enfoque territorial.
Para González, la preocupación sobre estos temas no debería recaer únicamente sobre los representantes de las curules de víctimas. “Es algo que no se hizo antes, que no se está haciendo hoy y que probablemente no vaya a pasar”, aseguró.
Además, el representante antioqueño criticó el proceso de ‘Paz total’ del Gobierno Nacional: “Tenemos un acuerdo de paz ya hecho, y en vez de eso nos estamos concentrando en un proceso de paz que es incierto, que no ha dado resultados y no se sabe si funcionará”, afirmó.
¿Cómo serán las elecciones de las curules de víctimas para 2026?
Entre los principales ajustes se destacan medidas para garantizar la participación de mujeres, la inclusión de promotores del voto en blanco y la definición de un calendario detallado para la inscripción de candidaturas, que se abrirá en noviembre de 2025.
La Registraduría destacó que este proceso requiere condiciones logísticas y técnicas especiales, dada la complejidad de los territorios donde se realizará. González advierte lo mismo, puesto que ha identificado riesgos para sus compañeros en Antioquia.
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”Las curules de paz están en riesgo. No solamente por los grupos armados, sino por algunos partidos tradicionales que acceden a recursos de la Gobernación a los que no pueden acceder las víctimas con tanta facilidad”, afirmó.
Uno de los puntos centrales de la resolución es la reubicación de puestos de votación, que podrá hacerse hasta seis meses antes de las elecciones, siempre mediante concertación con las comunidades locales. Esta medida busca adaptar el proceso a regiones de difícil acceso y actualizar la cartografía electoral para asegurar el derecho al voto en condiciones adecuadas.
En cuanto a la inscripción de candidaturas, podrán postular listas cerradas, paritarias y alternadas organizaciones de víctimas, campesinas, sociales, de mujeres, étnicas, pueblos Rrom y grupos significativos de ciudadanos.
Esta vez, se excluye expresamente a partidos políticos. Además, se elimina el requisito de que las organizaciones de mujeres acrediten experiencia previa en trabajo con víctimas, un punto criticado por ser restrictivo en procesos anteriores.
También se reforzará el control y la actualización del censo electoral en los territorios Citrep, permitiendo a nuevos ciudadanos inscribirse hasta dos meses antes de la jornada electoral.
Problemas de financiación y organización aún persisten
Aunque la nueva legislación incorpora medidas positivas, dejó de lado varios puntos importantes. Entre ellos, la financiación: la resolución no especifica qué dinero habrá por reposición de votos.
No es un problema menor. “Muchos nos quedamos sin el anticipo que nos daba la ley para esta campaña”, explicó Quintero, y agregó que sin ese dinero, muchas víctimas no podrán aspirar a llegar al Congreso. “Esto es una iniciativa pública, no debe olvidarse”, explicó.
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En ese sentido, González también recordó que la falta de financiación establece un escenario totalmente desnivelado e injusto: “El candidato a curul de víctimas no tiene la capacidad ni el equipo técnico para poder acceder a los recursos de la Nación. Tenemos que sacar una póliza de 8 o 10 millones, ¿de dónde los sacamos?”, afirmó.
Por otro lado, a los representantes —en especial a Quintero— les preocupa que la creación y ubicación de los puestos de votación municipales quedarán —según la resolución— en manos de los registradores municipales.
Ambos advierten que esto podría resultar en problemas de seguridad, puesto que los registradores podrían ignorar territorios en manos de grupos armados o podrían enfrentar barreras al establecerse. Por lo que Quintero pide que otras organizaciones gubernamentales hagan parte del proceso: como la Defensoría del Pueblo, las Alcaldías y la Fuerza Pública. “Queremos garantías plenas”, finalizó.
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