La negociación entre Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y principal confeso del escándalo de corrupción en esa entidad, y la Fiscalía General de la Nación sufrió un duro revés este viernes. Un juzgado de Bogotá decidió no avalar el preacuerdo suscrito entre las partes, argumentando que este vulneraba principios fundamentales del debido proceso.
Los argumentos para tumbar la negociación fueron variados. Entre ellos que la pena acordada era irrisoria y no respetaba el principio de estricta tipicidad penal, lo cual implica un incumplimiento de garantías básicas del sistema de justicia. El despacho concluyó que, por estos motivos, no podía aprobarse el acuerdo y lo declaró improcedente.
El preacuerdo contemplaba una reducción sustancial de la pena a cambio de la colaboración de López, quien ha entregado información clave sobre una supuesta red de corrupción al interior del Gobierno, que incluiría a congresistas, funcionarios públicos y contratos millonarios direccionados desde la UNGRD.
El juzgado analizó la negociación en la que se contemplaba una pena de seis años y dos meses de prisión para Olmedo López, a cambio de la información entregada en el marco del escándalo de corrupción, la cual ha permitido identificar a otros posibles implicados.
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Para el juez, dicho acuerdo representa un perjuicio no solo para las víctimas, sino también para la sociedad, el Estado colombiano e incluso para el propio procesado. En su decisión, el despacho advirtió que si lo único que se está valorando es la colaboración de López con la justicia, dicha conducta ya le abre la puerta a beneficios jurídicos distintos, como el principio de oportunidad.
“Aun cuando se podría considerar como argumento para esa rebaja de pena la colaboración del procesado con la administración de justicia, es necesario señalar que esa circunstancia ya permite acceder a otros beneficios legales, como el principio de oportunidad y sus consecuencias jurídicas”, argumentó el juez al improbar el preacuerdo.
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“En relación con el aumento punitivo de prisión de seis meses de peculado por apropiación en beneficio de terceros y seis meses por el delito de concierto para delinquir agravado, estima esta instancia judicial que la misma resulta irrisoria e ínfima si consideramos el tiempo de vigencia de la empresa criminal entre mayo 2023 y mayo 2024”, añadió el juez.
El exdirectivo ya aceptó su responsabilidad en tres delitos y se comprometió a devolver 724 millones de pesos, monto que, según la Fiscalía, habría terminado en sus bolsillos como paga por su participación en el entramado de corrupción.
López fungió como director de la UNGRD cuando desde allí se direccionaron contratos para, presuntamente, pagar millonarios sobornos a congresistas a cambio de mover la agenda legislativa del Gobierno.
