El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que ha sacudido los cimientos del gobierno de Gustavo Petro, entra en una nueva y decisiva fase jurídica.
Tras conocerse que la justicia negó por segunda vez el preacuerdo de Olmedo López con la Fiscalía, la defensa de Sandra Ortiz ha radicado una carta ante el Procurador General, Gregorio Eljach, solicitando formalmente que el Ministerio Público se oponga a cualquier principio de oportunidad para los “testigos estrella” del caso, Sneyder Pinilla y Olmedo López.
El documento, firmado por el abogado Mauricio Camacho Fernández, denuncia lo que califica como una “exagerada protección y credibilidad otorgada por la Fiscalía a López y Pinilla”, a quienes acusa de inducir al error incluso a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
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”Es abiertamente exagerada la protección y credibilidad que la Fiscalía le ha otorgado a estos Señores, donde a pesar de haber reconocido ser los autores de gravísimos delitos, sin asomo de respeto por la dignidad de la justicia al parecer han llegado a inducir en error a Magistrados de la propia Corte Suprema de Justicia, como paso a explicarle”, dice el jurista en el documento de cinco páginas.
El abogado Camacho, en diálogo con EL COLOMBIANO, manifestó que “resulta deleznable la manera como la Fiscalía ante la Corte elaboró y sometió a control de la judicatura un acta de preacuerdo con el señor Olmedo López”.
Señaló que, en días pasados, precisamente el Tribunal Superior de Bogotá confirmó el auto que había negado su aprobación y llamó la atención a la Fiscalía por la forma inusual en que dejó sin imputar un peculado en favor de terceros, determinado en miles de millones de pesos, así como por las exageradas rebajas ofrecidas a los procesados y la manera ilegal en que se tasó la multa.
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Asimismo, el jurista le dijo a este diario que, en su calidad de defensor, logró ubicar una investigación penal por los delitos de falso testimonio y fraude procesal, instaurada por el defensor del expresidente del Senado Iván Name, el abogado Jaime Lombana.
El abogado Camacho advirtió que “dicha denuncia es gravísima, pues permite avizorar la manera dolosa como los señores Olmedo López y Sneyder Pinilla, junto con los peritos que contrataron, habrían elaborado un dictamen basado en falsedades”.
Según explicó, ese insumo habría sido utilizado para supuestamente “lograr la privación de la libertad de la doctora Sandra Ortiz y de los doctores Iván Name y Andrés Calle”.
Camacho sostuvo que en la denuncia se expone cómo los peritos, por instrucciones de sus clientes, “habrían plasmado información falsa para hacer creer a la judicatura que Sandra Ortiz se trasladó hasta el apartamento del doctor Iván Name con la finalidad de entregarle un maletín que contenía una millonaria suma de dinero en efectivo”.
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