La batalla jurídica en torno al expresidente Álvaro Uribe Vélez sumó un nuevo capítulo. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá decidió extender hasta el 13 de enero de 2026 el plazo para que las víctimas y la Fiscalía sustenten el recurso extraordinario de casación con el que buscan revertir la absolución del exmandatario por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
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La decisión implica que el expediente, lejos de cerrarse, seguirá activo durante buena parte del próximo año.
La ampliación se suma a cinco días hábiles adicionales que coincidirán con el regreso de la vacancia judicial, periodo que va del 20 de diciembre al 13 de enero. En la práctica, las partes tendrán un mes más para estructurar los argumentos con los que intentarán convencer a la Corte Suprema de Justicia de que el fallo de segunda instancia debe ser anulado.
La solicitud de prórroga
La decisión del Tribunal respondió a peticiones formuladas el pasado 6 de noviembre por los representantes judiciales de varias de las víctimas acreditadas en el proceso: Reinaldo Villalba, abogado del senador Iván Cepeda; Miguel Ángel del Río, defensor de Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve; y Juan David León, apoderado del exfiscal Eduardo Montealegre y del exvicefiscal Jorge Perdomo.
Todos coincidieron en la necesidad de contar con más tiempo para sustentar de manera integral el recurso.
A la solicitud también se sumó la fiscal primera delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, Marlene Orjuela, quien lideró la acusación por presunta manipulación de testigos. La funcionaria pidió la prórroga para fortalecer la sustentación que presentará ante la Corte.
“Nos conceden la ampliación del término para sustentar el recurso extraordinario de casación hasta el 13 de enero de 2026 para víctimas y Fiscalía”, celebró el abogado Miguel Ángel del Río, uno de los voceros más visibles de las partes civiles.
Por su parte, las víctimas y la Fiscalía anunciaron desde el pasado 21 de octubre, al cierre de una de las audiencias, que acudirían al recurso extraordinario.
Consideran que el fallo absolutorio de segunda instancia pasó por alto pruebas clave que demostrarían que Uribe habría participado en un entramado para manipular testigos con el fin de desprestigiar al senador Iván Cepeda.
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Su argumento central es que la evidencia recolectada en el juicio —testimonios, registros y comunicaciones— sería suficiente para demostrar que existió un plan para inducir falsas declaraciones y afectar el funcionamiento de la justicia.
Desde el otro lado del litigio, la defensa de Uribe, liderada por el penalista Jaime Granados, insiste en que el expresidente fue absuelto correctamente y que esa absolución será ratificada por la Corte Suprema.
Además, sostienen que demostrarán que Uribe nunca autorizó ni instruyó al abogado Diego Cadena para ofrecer beneficios jurídicos o pagos a exparamilitares, como lo han afirmado los denunciantes.
El equipo del exmandatario afirma que sus propias pruebas dan cuenta de que no hubo determinación, ni participación, ni conocimiento de parte del expresidente en los hechos que le atribuyen.
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