El Tribunal Administrativo de Cundinamarca no solo desarmó uno a uno los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre fraude electoral, sino que además cuestionó la veracidad de sus afirmaciones y dejó en evidencia que varias de sus denuncias se basaron en información inexacta, generando dudas sobre el sistema sin pruebas sólidas.
En el documento que decreta las medidas cautelares, la corporación controvierte la diatriba de críticas con la que Petro ha venido minando la credibilidad de la Registraduría. No es cierto, como sostiene el mandatario, que haya habido fraude en las elecciones de 2014, 2022 y en las más recientes; y concluye que ninguna de esas afirmaciones se sostiene en los términos en que él las ha planteado.
1. El software electoral: hubo irregularidades, no fraude
Uno de los argumentos más repetidos por el presidente es que el software de la Registraduría Nacional del Estado Civil no es confiable, basándose en el caso del partido MIRA de 2014.
En ese proceso ante el Consejo de Estado, el partido alegó que había existido fraude electoral, que el software no era seguro, que podía haber sido manipulado por digitadores o incluso por terceros, y que hubo irregularidades en el manejo de la información que afectaron sus resultados.
Sin embargo, el Tribunal recuerda que ninguna de esas acusaciones se logró probar como fraude. La sentencia de 2018 sí encontró irregularidades en los datos, inconsistencias detectadas gracias a los registros del sistema, pero no evidenció un plan fraudulento ni fallas estructurales del software.
Tampoco se demostró que el sistema fuera vulnerable, que hubiera accesos indebidos o manipulación externa. Es decir, hubo errores en la información, pero no un fraude como el que ha señalado el presidente.
“El señor Presidente de la República no ha satisfecho la carga de veracidad que implica el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en su dimensión del poder-deber de informar porque en la sentencia del Consejo de Estado de 8 de febrero de 2018 no se afirmó que el software de escrutinios hubiese sido afectado por deficiencias de seguridad o tenga vulnerabilidades de ese tipo ni que dicha circunstancia hubiese dado lugar a un fraude en los resultados”, sostuvo el Tribunal.
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2. Nadie ordenó cambiar el software
Otro de los puntos que desvirtúa la corporación, y que fue utilizado por Petro para sembrar dudas sobre el sistema electoral, es la afirmación de que el Consejo de Estado obligó a cambiar el software. Eso no es cierto. El Tribunal aclara que en ningún momento se impartió una orden, lo que sí hizo el Consejo de Estado fue formular una recomendación orientada a fortalecer el sistema. Es decir, sugirió ajustes, pero en ningún momento dispuso la sustitución del software.
“En Colombia, el fraude electoral se hace quitando las credenciales de testigos electorales para que los partidos no puedan mirar el conjunto de las mesas, y con un software fraudulento que no ha querido ser verificado por nada del mundo, ahí es donde está el riesgo de fraude electoral”, fue uno de los mensajes del presidente.
En contraste, el Tribunal advirtió que “contrario a lo aseverado reiteradamente por el señor Presidente de la República no puede afirmarse de manera consistente con lo resuelto por el Consejo de Estado que la Organización Electoral y en particular la Registraduría Nacional del Estado Civil hayan recibido una orden de adquisición de un software y en consecuencia hayan incumplido una orden judicial. La disposición de la alta corporación fue un llamado o exhorto no una orden compulsiva”.
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3. Elecciones de 2022: errores corregidos, no fraude
Sobre las elecciones al Senado de 2022, Petro ha insistido en que hubo fraude contra su coalición. “El Pacto Histórico tuvo cerca de 400 mil votos durante el escrutinio, y le fueron sumados al Partido de La U. El fraude pudo ser evitado por los testigos electorales del Pacto, de ahí la importancia de que los partidos políticos tengan 123 mil testigos electorales cada uno”, reclamó el mandatario.
Respecto a esto, el Tribunal reconoció que hubo problemas en una etapa del proceso, específicamente en la transmisión de datos del preconteo. Pero también dejó claro que el sistema funcionó y permitió corregir esos errores.
Por eso concluyó que no se puede hablar de fraude y que el presidente no cumplió con el deber de verificar bien la información antes de hacer esa afirmación.
4. Elecciones de 2026: el sistema sí respondió
En el caso de las elecciones del 8 de marzo de 2026, el presidente también habló de fraude. Para desmentir sus afirmaciones, el Tribunal se basó en los informes de misiones internacionales y la Misión de Observación Electoral (MOE) que coincidieron en que el proceso fue transparente y confiable.
El Tribunal resaltó que, a pesar de los cuestionamientos del mandatario, el sistema electoral funcionó bien y eso fue confirmado incluso por observadores externos.
“Considera el Tribunal que la jornada electoral adelantada el 8 de marzo de 2026, significó una constatación del buen funcionamiento de la Organización Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, como parte integrante de aquella”, se lee en la decisión.
5. Denuncias sin respaldo claro
Finalmente, el Tribunal revisó las supuestas gestiones del presidente para denunciar irregularidades.
Encontró que, aunque se mencionan comunicaciones a otras entidades, no hay trazabilidad completa, faltan documentos clave, no se sabe qué pasó con esas denuncias y, además, no coinciden con lo que el presidente publicó en redes.
En otras palabras, no hay claridad sobre si esas alertas realmente se tramitaron como se dijo. Más allá de los puntos técnicos, el Tribunal le jala las orejas al presidente. Le recuerda que no es cualquier ciudadano, por su cargo, tiene más responsabilidad al hablar, sobre todo en temas tan sensibles como las elecciones. Y que, teniendo acceso a información oficial, debe asegurarse de que lo que dice sea cierto antes de generar alarma.
“Hay, por tanto, un deber de actuación del primer mandatario en el sentido de que su poder de moderación como jefe de Estado en el relacionamiento con los demás órganos y particularmente con la Organización Electoral, en la coyuntura electoral del momento, se gobierne bajo el principio del funcionamiento armónico de los poderes y por el símbolo de unidad nacional que representa el alto funcionario”, concluye la decisión.
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