Si a la implementación del Acuerdo de paz pudiera incluirse un termómetro, y medir en una especie de escala calorífica si se ha cumplido o no lo pactado con las Farc hace 31 meses, la lectura que podría hacerse es que la ejecución de los seis puntos negociados está tibia.
Uno de los asuntos que no permite la ebullición de la implementación es la falta de normas claras y, como quedó consignado en el último informe de la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional conocido por EL COLOMBIANO, la falta de esas reglas frenan esa implementación, “pues muchos de los compromisos establecidos no se pueden adelantar sin el soporte legal requerido, con lo que se estrechan los tiempos para el logro de las metas”.
Con la percepción de una ejecución de lo pactado caminando a paso de tortuga, la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional reseñó en este sexto informe trimestral, como van los puntos a la luz del Plan de Desarrollo propuesto en el gobierno de Iván Duque.
Consuelo Corredor Martínez, Coordinadora del equipo CINEP, que participó en la elaboración del informe y hace parte de la Secretaría Técnica, aclaró que no se puede hacer una calificación de progreso o retroceso en el proceso de la implementación: “No se puede hablar solo de avance, estancamiento o incumplimiento, en todos los casos hay algunos avances, en otros casos no se ha movido y en otros hay claramente un incumplimiento”, precisó la investigadora.
¿En qué se ha avanzado?
Puntos como el de la Reforma Rural Integral, la Participación Política, el Fin del Conflicto en temas de reintegración, son los que menos han avanzado, mientras que el sistema de Verdad, Justicia y Reparación, que tiene que ver directamente con las víctimas, presenta un avance significativo pese a la falta de recursos. (Ver recuadros de acuerdos).
“La implementación del punto uno va muy lenta. En el primer año se tenían que centrar en la parte normativa e institucional, pero se van a cumplir tres años y hay claros retrasos con incumplimientos. Hay preocupaciones serias respecto al fondo de tierras. Uno de los compromisos era la distribución de las tierras y, si no tenemos el fondo como se prometió en el Acuerdo, difícilmente vamos a adelantar eso”, precisó Corredor.
En el tema de la Participación Política el informe destaca algunos avances pero señala que son pocos, y frente proyectos productivos como un asunto de reintegración, reconoce avances pero indica que frente a estas unidades de negocio como sustento a largo plazo de las familias, faltan asuntos por mejorar.
No obstante, para el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, se avanza a buen ritmo en la formulación y aceptación de los proyectos productivos, y desde el Gobierno se han realizado acciones que llevan a la reincorporación económica de los exguerrilleros de las Farc.
“Para apoyar a los excombatientes dentro de sus procesos de reincorporación en la parte económica, hicimos un censo e identificamos dónde están, qué capacidades y su nivel escolar. Nos contestaron cuántos quieren emplearse y cuántos tener proyectos productivos individuales y colectivos”, indicó Ceballos a EL COLOMBIANO.
El Alto Comisionado enfatizó que desde el año pasado, y durante todo este 2019 y parte del 2020, se han realizado y se realizarán acciones en pro de la reincorporación económica “para hacer la formulación de proyectos productivos que están esperando”.
Reclaman ejecución
La implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las Farc hace 31 meses, es un clamor que se ha vuelto reiterativo desde diversos actores involucrados en el conflicto armado colombiano.
Víctimas, organizaciones sociales, comunidad y entidades internacionales como la ONU, que han servido como observadores, solicitaron y recordaron al Estado colombiano la necesidad de llevar a buen puerto lo acordado para garantizar “una paz estable y duradera” en el territorio, tal y como reza el Acuerdo.
En su última intervención en el Consejo de Seguridad de ONU, Carlos Ruíz Massieu, jefe de la misión de observación y verificación de ese organismo en Colombia, indicó que “es fundamental aplicar el Acuerdo de manera integrada y garantizar que todas las áreas de su implementación cuenten con los recursos adecuados”.
A la petición de Naciones Unidas se sumó la de los senadores demócratas estadounidenses James McGovern, John Lewis y Jan Schakowsky, quienes en una carta, el pasado 25 de mayo, le solicitaron al presidente Donald Trump que en conversación diplomática con su homólogo colombiano Iván Duque, le sugiera cumplir con lo acordado.
Además, algunos congresistas del partido Farc indicaron ayer mediante una carta que la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación - CSIVI, “atraviesa por su más profunda crisis desde que entrara en funcionamiento. Tenemos la impresión de que es propósito del gobierno de Iván Duque Márquez desdibujarla completamente hasta llevarla a escenarios de la inutilidad”.
Para el analista del conflicto armado, Juan Carlos Ortega, sí hay un evidente retraso en la implementación de lo acordado “ y se visualiza en que desde los mismos territorios reclaman acciones por asuntos que quedaron contemplados en el plan macro del Acuerdo: seguridad, tierras y participación política es lo que más piden en esas zonas”.
Ante los ataques, el presidente Iván Duque defendió su gestión en su periplo por Londres el pasado lunes: “ Nuestro Gobierno lleva 10 meses y les puedo decir que había dos proyectos productivos colectivos y hoy hay 25. Y cuando empezó nuestro Gobierno se habían adelantado dos planes de desarrollo con enfoque territorial; hoy hay 16”.
A casi tres años después de la firma, la temperatura del Acuerdo parece templada, aunque el Gobierno le sube calor al defender la gestión y en el territorio la enfrían reclamando plena ejecución.
116
jóvenes que salieron de las Farc ya cumplieron 18 años de edad según el informe.
1.567
personas se han beneficiado de los proyectos productivos aprobados a excombatientes.
