En Colombia, cerca de seis menores de edad fueron víctimas cada día de explotación sexual entre 2015 y 2025. La cifra la dio a conocer el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) al entregar los resultados de una medición experimental sin precedentes que, por primera vez, se apoya en registros judiciales para dimensionar este fenómeno sin exponer nuevamente a las víctimas.
“Se trata de un avance técnico e institucional de enorme relevancia para el país que es especialmente pertinente porque responde a una necesidad histórica y a lo previsto en el artículo 36 de la Ley 1336 de 2009, que dispuso el desarrollo de investigaciones estadísticas orientadas a aproximar la magnitud del fenómeno, caracterizar a las víctimas, identificar factores de riesgo y aportar información para la toma de decisiones públicas”, informó el ICBF al conocer el ejercicio del DANE.
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El informe, construido con base en datos del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía General de la Nación, documenta que entre 2015 y 2025 fueron registrados 22.697 menores de edad como víctimas de explotación sexual en el país. Es decir, cerca de seis menores cada día. El estudio identificó 39 delitos asociados a esta práctica, de los cuales en 37 ya hay registros de víctimas.
Para 2025, la tasa nacional alcanzó 14,6 casos por cada 100.000 menores de edad, una cifra que, aunque técnica, refleja la magnitud de un delito que sigue extendido en distintas regiones.
La cara más visible de esta violencia es la pornografía con menores de 18 años, que concentra más de la mitad de los casos en la última década, con 12.074 víctimas. Allí también se evidencia una brecha marcada, la mayoría son niñas y adolescentes mujeres, 9.763 casos, frente a 1.817 niños y adolescentes hombres.
Las cifras muestran concentraciones claras en territorios como Bogotá y Antioquia, que encabezan la lista con 5.609 y 4.553 víctimas, respectivamente, seguidos por Valle del Cauca, Santander y Cundinamarca. En estos lugares, la explotación sexual infantil no solo es más visible en los registros, sino que plantea mayores retos institucionales.
El reporte también logra acercarse a poblaciones históricamente invisibilizadas. Al menos 148 víctimas fueron identificadas como indígenas y 32 como afrodescendientes, lo que sugiere que las vulnerabilidades étnicas también atraviesan este delito.
El DANE insiste en que este ejercicio busca cambiar la forma en que se mide el problema. Usar datos administrativos, explican, permite evitar la revictimización y, al mismo tiempo, ofrecer una base más sólida para la toma de decisiones. El reto, de acuerdo con la entidad, ahora no es solo entender la magnitud, sino traducir estos datos en acciones concretas que frenen un delito que sigue afectando, de manera silenciosa pero sistemática, a miles de menores en Colombia.
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