Ocho personas fueron secuestradas hace una semana en el corregimiento de Agua Bonita, en el municipio de Calamar, Guaviare, presuntamente por disidencias de las Farc, según denunció el alcalde del municipio, Farid Castaño. Hasta el momento, no hay información oficial sobre su paradero y las familias viven con miedo de denunciar ante las autoridades competentes.
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“Hubo una retención masiva hace 8 días de personas ahí en el corregimiento de Agua Bonita, en el municipio de Calamar, Guaviare. Son ocho personas que fueron llamadas por un grupo, probablemente disidencias de las Farc, y a estas alturas de la vida no los han soltado”, reveló el mandatario local.
Los retenidos, según el alcalde, son líderes comunitarios y feligreses de la Iglesia Cuadrangular. Algunos pertenecían a la junta de acción comunal del corregimiento. “Esa gente es gente obrera, trabajadora”, agregó. “Yo distingo a dos o tres de ellos. Son personas serias, honorables, respetables y no creemos que sea por temas económicos. Es gente pobre, finqueros, viven el día a día”.
Hasta ahora, el hecho ha permanecido silenciado. Ni la Defensoría del Pueblo ni los medios nacionales han hecho eco de lo que ocurre en este apartado rincón del país. “La familia está en pánico y no han querido todavía ir a la Defensoría del Pueblo”, explicó Castaño. “A nivel local, la emisora del pueblo, del sacerdote, han pedido por la liberación de ellos, pero esto no se conoce a nivel nacional”.
El alcalde también mencionó que en esa zona hay fuerte presencia de grupos armados ilegales y recordó que recientemente murió en combate el comandante de esa estructura disidente que opera en la región. Aunque no hay certeza sobre los motivos del secuestro, se teme que se trate de una represalia injustificada.
Las autoridades locales insisten en que los secuestrados no tienen vínculos con organizaciones ilegales. “Me imagino que están buscando responsables y esta gente no está involucrada. Los tienen retenidos. Ocho personas hace una semana”, sentenció el alcalde.
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Este nuevo caso de retención forzada en el Guaviare revive los temores de las comunidades rurales frente al control territorial de grupos armados ilegales, en zonas donde el Estado parece no tener presencia. Mientras tanto, ocho familias esperan noticias y claman por una intervención urgente.
