En entrevista con la revista Semana, el exfiscal general Néstor Humberto Martínez aseguró que el indulto concedido al grupo guerrillero M-19 en 1989, que incluía los hechos del Palacio de Justicia, “hoy está derogado” y que esos crímenes podrían ser nuevamente investigados.
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Martínez explicó que, a la luz del derecho internacional y de la Constitución, los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra son imprescriptibles y no pueden ser objeto de indulto. “La ley no puede indultar esos delitos de lesa humanidad y esos crímenes de guerra. Sería inconstitucional. Así lo declaró ya el Congreso de la República”, afirmó. Según el exfiscal, la ley de indulto fue derogada por la Ley 2085 de 2021, una norma de depuración legislativa que eliminó del ordenamiento jurídico disposiciones contrarias a la Carta Política.
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El exfuncionario indicó que esta derogatoria no fue accidental: “Este proyecto fue elaborado por el Gobierno Nacional luego de muchos años de estudio (...). Fue el fruto de un juicioso estudio que se hizo en el gobierno del presidente Iván Duque”. Añadió que el Congreso reconoció la inconstitucionalidad de la Ley 77 al retirarla expresamente.
Frente a las consecuencias jurídicas para los exintegrantes del M-19, Martínez sostuvo que “la justicia podría reabrir” los procesos relacionados con los hechos del Palacio de Justicia. “Frente a la Constitución nadie puede alegar derechos adquiridos”, subrayó. Recordó además que una jueza de orden público ya había declarado en el pasado la inaplicabilidad de la norma, al considerar que los crímenes cometidos no podían ser conexos con el delito político de rebelión.
Martínez reiteró en la entrevista que “hubo un acuerdo criminal entre el narcotráfico, el cartel de Medellín y el M-19”, al señalar que “el cartel de Medellín financió la toma del Palacio de Justicia”, hechos que, según dijo, están acreditados con pruebas y testimonios.
Sobre el caso del presidente Gustavo Petro, el exfiscal precisó que “él nunca fue indultado ni amnistiado”. Explicó que Petro fue beneficiario de “un auto de cesación de procedimiento”, lo que significa que “se le suspendió la investigación penal, pero no recibió indulto alguno”.
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